¡Cuando arde la ciudad!

¡Cuando arde la ciudad!

cuando arde la ciudad

Les ha pasado, como a mí, que cada 10 pasos -tal vez más, y preocupante si son menos- nos quejamos por el estado actual de nuestra ciudad? No es que nuestras ciudades tiendan a ser infiernos o antros, pero parecen serlo en muchas ocasiones, y puede que no en el total de su urbanidad o su ruralidad, pero puede que sí sea en ciertos aspectos del territorio sobre el cual ejerce su jurisdicción administrativa.

Si les ha pasado, y nos sigue pasando, es porque algo sucede en nuestras ciudades. Porque hay mucho hueco, porque hay mucha maleza en las zonas verdes, o no hay zonas verdes para recrearse; o un mal cálculo en la retribución que hacemos los ciudadanos por medio de los impuestos, o, la más común, se roban los recursos destinados al mejoramiento de la ciudad. Y si así es ahora, imagínense cómo será en un futuro cuando la tasa de urbanización del mundo sea del 65%.

Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Contribuyen a ello las políticas públicas, que al desconocer los aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciudad y de ciudadanía, violentan la vida urbana. Graves consecuencias de esto son los desalojos masivos, la segregación y el consecuente deterioro de la convivencia social. Favoreciendo lo anterior, el nacimiento de luchas sociales que, aún con su importancia social y política, son incapaces de producir cambios trascendentes en el modelo de desarrollo vigente.

Así, desde el Foro Social Mundial (2001) se empezó a plantear entre diversas ONG’s, movimientos sociales, asociaciones el Derecho al Ciudad, y no fue hasta el año 2004, en el Foro Social de las américas, que se habló claramente de este derecho. Debemos entender que: El Derecho a la Ciudad amplía el tradicional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centrado en la vivienda y el barrio hasta abarcar la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural, como un mecanismo de protección de la población que vive en ciudades o regiones en acelerado proceso de urbanización. Esto implica enfatizar una nueva manera de promoción, respeto, defensa y realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales garantizados en los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos.

Es así como en la ciudad y su entorno rural, la correlación entre estos derechos y la necesaria contrapartida de deberes es exigible de acuerdo a las diferentes responsabilidades y situaciones socio-económicas de sus habitantes, como forma de promover una justa distribución de los beneficios y responsabilidades que se den como resultado del proceso de urbanización. El cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad; la distribución de la renta urbana y la democratización del acceso a la tierra y a los servicios públicos para todos los ciudadanos, especialmente aquellos con menos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.

Sabiendo esto, no dejemos que nuestras ciudades ardan más, defendamos, y hagamos respetar nuestro derecho a la ciudad, y por ende: nuestros propios derechos a civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

 

Escrito por Mauricio Duarte  @UnTalDuart

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