Carlos Gaviria Díaz

Carlos Gaviria Díaz

Carlos Gaviria Díaz columna

Por Esteban G. Ardila
@esgutar

Aún recuerdo aquella vez en que pude presenciar al maestro en vivo y en directo: el pequeño auditorio Camilo Torres de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, rebozaba de jóvenes impacientes, muchos de ellos éramos simples estudiantes que habían leído una que otra de sus sentencias. El maestro llegó tarde; pero fue cuestión de que iniciara su charla, para que todos fuéramos gustosas víctimas, tanto de su carisma, suave voz y su gran oratoria, como de la solidez y estructura de las ideas y argumentos que exponía.

Y es que si algo caracterizó al maestro Gaviria, algo que siempre manifestó, fue su férrea defensa en los debates que se suscitaban en el marco de los diferentes escenarios que nos brinda la democracia. Una de las claves para que aquellos fueran enriquecedores y produjeran verdaderos avances en la discusión y solución de los problemas que aquejan a esta república, era que la victoria fuese para quien tuviera los mejores argumentos y expresara los mismos de la forma más clara y precisa.

Carlos Gaviria Díaz es una de las mentes jurídicas más brillantes que ha existido en el país. Y no brillante por sus títulos universitarios, ni por su extenso catálogo de publicaciones, artículos, columnas o su puntaje dentro de la base de datos de Colciencias. Tampoco su brillante pensar radicaba en el apego estricto y certero a los decretos, leyes y demás normas del ordenamiento jurídico colombiano. No. Fue el carácter siempre humano de sus ideas, el enfoque en la persona y su capacidad de tomar decisiones y hacerse partícipe de los procesos políticos para transformar la realidad, el ahínco con el que defendió los derechos humanos, su lucha constante por mostrar que “la sociedad democrática está por construir” porque “una sociedad democrática es una sociedad de derechos y no de privilegios”. Además, su dedicación a promover el diálogo entre posiciones que permitiera llegar a consensos mediante los cuales el país pudiera avanzar, todo ello a través del derecho, como poderoso instrumento.

Gracias a su pensamiento de vanguardia y su firme creencia en el poder del derecho para cambiar las vidas de las personas, sus postulados y principios se llevaban al mundo real y se aplicaban con juicio y ética.

Fue el maestro Gaviria quien, como magistrado de esa, muy admirada, primera Corte Constitucional (1992-2000 aproximadamente), quien dio los primeros pasos hacia adelante en temas tan sensibles como la despenalización de la dosis mínima o la regulación por parte del Estado, al derecho a morir dignamente (o eutanasia). Fue el maestro quien buscando contribuir, -desde los a veces tan lejanos, despachos judiciales-, a la finalización del sufrimiento de muchos presos en el país, construyó por primera vez por allá en 1998, esa teoría del *Estado de Cosas Inconstitucional, que ha permitido que la Corte intervenga de manera más activa y efectiva, en la búsqueda de soluciones a las graves y continuadas violaciones a los derechos humanos que han sufrido sectores especiales de la población.

La pérdida de un ser humano como el maestro Gaviria, es un triste recuerdo de que en un país donde abundan los tinterillos, leguleyos o Lionel Hutz criollos; los verdaderos juristas escasean. Somos nosotros, la nueva generación, los encargados de que ello cambie.

* El Estado de Cosas Inconstitucional es una situación donde se presenta una vulneración en masa y generalizada de derechos que afecta un gran número de personas, las autoridades no cumplen con sus obligaciones para garantizar esos derechos, se adoptan prácticas que van en contra de la Constitución como exigir que se interponga una tutela para garantizar el(los) derecho(s), hay desidia por parte de las autoridades para tomar las medidas necesarias que conjuren el(los) problema(s), existe “un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante” y se produciría una mucho mayor congestión judicial si todos los afectados interpusieran tutelas para defender sus derechos.

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