La educación en Colombia ganamos pero nos falta…

La educación en Colombia ganamos pero nos falta…

Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante

Los últimos meses han sido convulsionados y esperanzadores para Colombia: se demostró que la ciudadanía unida, organizada y, sobre todo, pacífica, puede doblegar la voluntad de los gobiernos cuando quieren hacer lo que les place, olvidando que tienen un mandato popular. Con constancia e inteligencia, lo ha demostrado el movimiento estudiantil. Miles de jóvenes saben que tienen derechos, que nuestro sistema político es democrático y que la educación es el mejor camino para superar la grave situación de pobreza y la enorme brecha de desigualdad que hay en Colombia.

Al Congreso de la República no sólo alcanzó a entrar el Proyecto de Ley 112 que reformaría la Ley 30, sino que se dio un tenso intercambio entre el gobierno nacional encabezado por la Ministra de Educación María Fernanda Campo, y el movimiento estudiantil a través de la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil).

Manifestaciones regionales y nacionales en contra del proyecto, evidenciaron el profundo desconcierto de la sociedad colombiana frente a la iniciativa del gobierno, inoperante para solucionar los problemas de la educación superior y nociva, sobre todo, para el acceso a la universidad, en igualdad de condiciones de los jóvenes colombianos.

La propuesta era indefendible desde cualquier perspectiva, pero el Gobierno se mantuvo hasta que el estudiantado lo puso en jaque, saliendo a la calle, y haciendo pensar a la sociedad entera sobre la educación que necesitamos y nos recordó que la ciudadanía sí puede tomar decisiones frente a su futuro.

Ahora bien, a pesar del triunfo incuestionable, lo que nos falta en términos de educación, es demasiado. Una reforma en Colombia es indispensable y urgente ya que la Ley 30 es perversa y ha hecho que la educación más que un derecho, se entienda como un servicio que se vende al que tiene cómo comprarlo.

La cobertura es insuficiente en el incremento de nuevos cupos como en la reducción de la deserción; el financiamiento, es el mayor dolor de cabeza, ya que el criterio de manejo de lo público del Gobierno es invertir en recursos privados. Si como están las cosas, la educación es ya un bien de intercambio, ¿hacia dónde vamos cuando en la universidad pública hayan recursos privados y con estos, potestad de terceros para decidir? Debemos detenernos también en la internacionalización de la educación y su relación perturbadora con el TLC. ¿Qué significa abrir nuestra universidad pública al mundo? ¿La abrimos a los gobiernos del mundo, a sus estrategias económicas, a sus principios educativos?

Colombia tiene el 37%1 de su población en pobreza, el 12.3% en indigencia, un índice Gini de 0.85, siendo el país más desigual del continente; una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en el mundo, el 52% de la propiedad en el 1.15% de los propietarios; un desempleo del 9.7%2, y un 43.4%3 de trabajadores/as informales. Por tanto, la educación no es un tema secundario, es el camino más efectivo para superar estas problemáticas y para el verdadero desarrollo humano más allá del mero crecimiento económico. La reforma que necesita Colombia empieza por identificar el verdadero costo de la canasta educativa y sigue con una estrategia que garantice un crecimiento exponencial y sostenido de la cobertura. Se debe reglamentar la destinación de las regalías a educación y fortalecer la universidad regional desde sus necesidades y enfoques territoriales.

Una sociedad educada se aleja de la pobreza y se acerca a una mejor democracia.

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