Un informe presentado por la Comisión Colombiana de Juristas ante la JEP afirma que la Fiscalía tiene identificados a miembros del Ejército, la Policía y agentes del DAS que habrían participado de crímenes contra defensores de derechos humanos entre 1985 y 2016. Esto fue lo que pasó en el país en tres décadas.
Agentes del extinto DAS e integrantes del Ejército y de la Policía habrían participado de crímenes contra defensores de derechos humanos cometidos entre 1985 y 2016, según información de la Fiscalía. Según el ente investigador, son 484 agentes de Estado quienes tendrían responsabilidad en varios casos. De ellos, 415 están vinculados formalmente a distintos procesos judiciales.
En esta información se basó la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) para entregarle a la JEP el pasado 26 de mayo el informe titulado “El ‘enemigo interno’: deshumanización e impunidad contra personas defensoras de derechos humanos”. Colombia+20 conoció el documento de antesala al informe oficial en el que la organización caracterizó los crímenes cometidos por el Estado en dos décadas.
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En este documento, la organización de defensa de derechos humanos denunció que durante 31 años, hasta antes de la firma del Acuerdo de Paz, las zonas del país donde más se registraron hechos violentos como amenazas, desplazamientos, intimidaciones y homicidios contra defensores de derechos humanos y liderazgos sociales fueron Antioquia, Bogotá, Arauca, Norte de Santander, Atlántico y Cesar.
El año más violento
En 1997, de hecho, se registró el pico más alto de violencia en esas tres décadas: 1.471 líderes y lideresas sociales denunciaron amenazas en su contra, en especial quienes tenían algún trabajo político, que representaban 1.330 personas. Luego estuvo el de activismo de derechos humanos con 39 casos y le siguió el sector sindical con 32.
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Precisamente en 1997 -año en el que además hubo elecciones locales en Colombia-, la violencia política se agudizó, en especial en departamentos del país con presencia de grupos guerrilleros y paramilitares. Human Rights Watch documentó en ese momento que en los primeros ocho meses de ese año se cometieron al menos 35 masacres en todo el país, 27 de ellas fueron responsabilidad de grupos paramilitares y ocho de ellas se cometieron por parte de la guerrilla de las Farc.
Otro dato es que solo Antioquia ese año se documentaron 566 casos de amenazas contra líderes y lideresas sociales por parte de grupos armados ilegales.
Esa época también coincidió con las declaraciones hechas por el oficial de reserva y subdirector del DAS José Miguel Narváez, quien señaló públicamente que “la mayor parte de los subversivos se encontraban desarmados e infiltrados o enmascarados en el común de la gente″. Por esas fechas también se pronunció oficialmente la Brigada XX encargada de inteligencia, quienes resaltaron que apenas el “15 % de los subversivos se encontraba alzado en armas. El 85 % restante, según los militares, no estaban armados y adelantaban la guerra política”, como lo documenta el informe entregado por la CCJ.
De acuerdo con los investigadores, la participación del Estado, en especial de agentes militares o de Fuerza Pública en los crímenes contra defensores en esta época fue indirecta y relacionada con la estigmatización de sus roles sociales. “El ente acusador plantea como hipótesis que la estigmatización ejercida contra individuos y grupos de defensores se da al considerarlos como “un apoyo a las organizaciones subversivas o un obstáculo para su posicionamiento en la guerra en contra de la insurgencia””, dice el informe.
