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Colombia ha perdido 7.585 hectáreas por la deforestación

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Según la Fiscalía colombiana, las zonas deforestadas “equivalen a 8.925 canchas reglamentarias de fútbol”.

Colombia ha perdido -en los primeros seis meses del 2022- por cuenta de la deforestación 7.585 hectáreas, equivalentes a 8.925 canchas de fútbol, en tanto que 117 personas han sido llevadas ante la Justicia por delitos ambientales, informó este miércoles (15.06.2022) la Fiscalía.

“Las acciones dirigidas por la Fiscalía, en articulación con la fuerza pública, han permitido intervenir 7.585 hectáreas deforestadas, que equivalen a 8.925 canchas reglamentarias de fútbol”, detalló la institución en un comunicado.

El organismo acusador también explicó que, en lo que va de este año, han sido detenidas y judicializadas 117 personas por delitos ambientales en 48 operativos contra la deforestación, la explotación ilegal de minerales, el tráfico de fauna y el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.

En total, “21 de estos procedimientos, que dejan 55 judicializados, han estado dirigidos contra los depredadores de la Amazonía, las zonas de reserva natural y los Parques Nacionales Naturales”, indicó la información de la Fiscalía.

Al hacer referencia a la minería ilegal, la entidad dijo que han desarrollado 21 operaciones, con 59 capturados, en Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Córdoba, Meta, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.

“En este trabajo se ha perseguido el patrimonio de los involucrados en delitos ambientales. Hasta el momento, se han impuesto medidas con fines de extinción del derecho de dominio (expropiación) a bienes avaluados en casi 3.000 millones de pesos (unos 770.000 dólares)”, afirmó la Fiscalía en su informe.

Uno de los más recientes golpes a la minería ilegal lo dieron las autoridades en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, en donde hombres supuestamente del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, explotaban oro en un río afluente del Atrato.

“Durante el procedimiento se constató un grave impacto sobre la fuente hídrica, producto del vertimiento de arsénico, mercurio, níquel y plomo, entre otros elementos tóxicos usados para obtener oro; así como la alteración del suelo y la destrucción de la vegetación con maquinaria pesada”, precisó la Fiscalía.