El Plan de Desarrollo plantea una renta ciudadana, un esquema de protección al cesante y seguridad social para la economía popular.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Gustavo Petro, uno de las grandes propuestas del Gobierno es la creación de un ‘Sistema de protección social universal y adaptativo’, como un pilar fundamental de una de sus cinco grandes estrategias, la de ‘Seguridad humana y la justicia social’.

Según el documento del PND, se busca que este sistema “dé respuesta rápida a diferentes choques que ponen en riesgo la calidad de vida”, y que para ello se dará prioridad a la generación de empleo, “complementado, si es necesario, con transferencias monetarias a los hogares más pobres”, sumado al fortalecimiento de instrumentos que cubren los riesgos de desempleo y protección a la vejez.

Uno de los instrumentos propuestos en el artículo 52 del proyecto de ley del Plan de Desarrollo señala: la creación de un programa de renta ciudadana, con el que se busca “armonizar” los programas de transferencias a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).

Según el proyecto, la renta ciudadana consistirá en la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, con la finalidad de aportar a la superación de la pobreza y promover la movilidad social.

Otra de las propuestas que establece en Plan en relación con su ‘Sistema de protección social universal y adaptativo’ es una “estrategia de acompañamiento a hogares en extrema pobreza” y establece que el Departamento de Prosperidad Social (DPC) implementará un programa de acompañamiento familiar y comunitario que busque, “guiar y orientar al hogar o comunidad en su proceso de movilidad social y realizar la gestión que promueva el acceso preferente a la oferta social pertinente”.

Un tercer elemento es la protección económica en la vejez y envejecimiento saludable. “Se revisarán y reformarán los mecanismos existentes a la fecha”, indica el documento del Plan, y reiterá que se adelantará una reforma pensional con enfoque de la garantía del derecho. Dentro de los cambios que se proponen, además del fortalecimiento de Colpensiones, está la disminuirán los aportes a salud, del 12% al 10%, por parte de los pensionados que devengan entre dos y tres salarios mínimos.

Para este punto también se propone la implementación de una “Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez bajo el principio de corresponsabilidad individual, familiar, social y estatal”, y fortalecer acciones de prevención y atención de violencias contra el adulto mayor.

Otro elemento dentro del sistema que propone el PND es el diseño de un esquema de protección contra el desempleo redefiniendo el “Mecanismo de Protección al Cesante”, el cual, según el documento, responderá a las necesidades de la población desempleada y cesante, incluyendo trabajadores formales e informales.

Para dicho esquema contemplará, según el plan “la exploración de nuevas formas de financiamiento para quienes no acceden a la oferta del Sistema de Subsidio Familiar”.

Finalmente, el Plan indica que los trabajadores de la ‘Economía popular y comunitaria’ tendrán acceso a la protección para la vejez, a los riesgos laborales y al sistema de salud, y propone el diseño de una ruta específica de acceso a los planes, programas y proyectos de asistencia social.

El análisis

Para Juan Carlos Guataquí, consultor en políticas laborales, hay tres puntos que se deberían tener presentes en relación con la propuesta de este sistema.

“Desde la perspectiva de política pública, siempre que se menciona la creación de un sistema no se sabe si hay que sentirse preocupado o aliviado. Desde 2010 cuando se separó el ministerio de Protección Social en el de Salud y Trabajo había alrededor de 17 sistemas asociados al sector de trabajo y seguridad social, y lo que se recomendaba era más eliminar que crear nuevos sistemas”, explicó.

En segundo lugar, Guataquí sugirió “ver cómo abordar ese sistema dentro de los sistemas que creaba la Ley 100, y si es compatible o si va en contra”, y en tercer lugar, “mirar si estos son temas para abordar en las reformas como la laboral o la pensional, o por el contrario si deben ir en el Plan de Desarrollo”.

La seguridad humana

Uno de los cinco grandes ejes del Plan Nacional de Desarrollo es la ‘Seguridad Humana y la Justicia Social’, para el cual se destinarán $743,7 billones en los próximos cuatro años, más de la mitad de los recursos totales del PND.

En este componente, según el plan, se propone una “transformación de la política social” integrando “a protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social”.

El documento señala una serie de elementos estructurales como “un sistema de protección social universal y adaptativo y una infraestructura física y digital para la vida y el buen vivir”, entre otros.

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