Por: Juan Camilo Vanegas.
La Constitución Política de Colombia en su amplio espíritu democrático y garantista de derechos determinó en su artículo 37 que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. A pesar de que la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una medida cautelar ordenando el aplazamiento de las manifestaciones del 28 de abril y 1 de mayo, hasta que no se haya logrado la inmunidad de rebaño, los colombianos marchamos. Evidentemente nos encontramos en el tercer pico de la pandemia del coronavirus y la decisión “correcta” habría sido cancelar todo tipo de aglomeración, sin embargo, la sociedad ya se encuentra en un punto de desgaste e intolerancia hacia las injusticias tan alto, que poco o nada importó la existencia de la Covid 19 y las consecuencias que puedan traer estas aglomeraciones. Ciudades como Cali, Medellín y Bogotá están viviendo el coletazo de la semana santa, donde muchos de sus habitantes salieron a vacacionar como si el virus no existiera y hoy las UCI están a su máxima capacidad. Esta misma realidad la viviremos en todo el país en unas semanas, cuando el sistema de salud colapse y no haya como atender tantos contagiados. A pesar del riesgo que salir a marchar implica y de sus consecuencias, protestar era una obligación de todos los colombianos.
En medio de la crisis social y económica que atravesamos, donde muchos negocios han ido a quiebra y miles de colombianos han perdido su trabajo, al Ministro de Hacienda, se le ocurrió elaborar un proyecto de ley para una nueva reforma tributaria bajo el nombre de impuesto solidario. El problema radica en que este florero de Llorente terminaría afectando precisamente a esos colombianos de clase baja y media que a duras penas sobreviven. Por ejemplo, pretendían aplicarles IVA a productos de la canasta familiar, hoy el 4% de las personas naturales declaran renta y proponían incrementarlo al 18% de la población, también deseaban imponer un impuesto a los salarios altos de los prestadores de servicios sin considerar que gran parte del sueldo se queda en los pagos de seguridad social además de no tener primas ni vacaciones en esta nefasta forma de contratación, y finalmente, entre otros, planteaban imponer un impuesto a los pensionados. Ante este panorama y sumándole a esto un Ministro de Hacienda que sale a los medios a decir que una docena de huevos vale $1.800 pesos es imposible que la ciudadanía no salga a protestar y defender sus derechos.
La protesta ya logró la victoria de que retiraran la reforma tributaria del Congreso, sin embargo, la violencia ejercida por parte del estado, la manipulación estatal de la información y la incapacidad de dialogo del gobierno nacional, han escalado la problemática social hasta el punto de retrocedernos casi un año en el tiempo, antes de que el Covid llegara a Colombia, donde el Presidente Duque no tenía gobernabilidad a causa de los constantes paros. Hoy más que nunca es imperativo que cese la violencia por parte de los vándalos que se aprovechan de la protestas para hacer su agosto, así como por parte de algunos miembros de las fuerzas armadas que han utilizado las noches para retornar el orden a las ciudades llevándose la vida de varios inocentes. El Presidente debe dialogar y parar este baño de sangre, de lo contrario los muertos aumentarán por lado y lado en una guerra civil que terminan siendo colombianos, matando otros colombianos.
