Por: Alejandro Gil Torres.
Este martes, 15 de junio de 2021 el Senado aprobó el proyecto de ley que determina la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia con una votación de 67 por el sí y 14 por el no. Noticia muy esperada por la cantidad de familias que aún sienten la impunidad que se ha mantenido por décadas en el país y coincidencialmente cumple con una de las tantas promesas de campaña del actual presidente, Iván Duque. Enhorabuena por el país, pero como siempre, tarde, muy tarde. Nos hemos acostumbrado a recibir la justicia con demoras o incluso, a medias. Pero era completamente necesario para el Estado Social de Derecho que se proclama en la constitución.
Los derechos humanos, entre esos, el de la vida que para mí sobresalta entre el más importante ha estado muy reprimido en un país donde la inseguridad y la violencia son los tópicos cotidianos. Donde la credibilidad y reputación de instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional están por el piso y en los últimos meses han sido más las noticias y casos desfavorables que alentadores. No puedo negar que es un júbilo para la justicia nacional pero es una grieta contundente ante un proyecto que desde hace mucho tiempo tuvo que haberse aprobado.
La vida digna de un menor de edad no es un juego político. Desafortunadamente las cifras son muy alarmantes. De acuerdo a boletines de Medicina Legal durante el 2020, en Colombia, 579 menores de edad fueron asesinados; 56 tenían entre 0 y 4 años. Muchos de los victimarios son sus propios padres. Además, en el período comprendido entre 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020, 134.515 personas murieron de forma violenta en el país, de ellas 11.373 eran menores de 18 años.
Es inaudito y reprochable cada vida perdida y lo más doloroso es que esto se ha vuelto en un memorial de números y pocos casos con una justicia merecida, en un panorama de normalidad absoluta y carencia de garantías apropiadas. Es por eso que casos tan recordados como el de la menor Yuliana Samboní, secuestrada, violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, condenado a más de 50 años de cárcel por este innombrable delito dio pie desde ese momento para que este hecho mediático suscitara la relevancia de seguir promoviendo este proyecto de ley.
Como lo mencioné previamente, la vida es un derecho innegociable e importante por donde se le vea, sin embargo la mayoría de victimarios por no resaltar a todos, no conocen en lo más mínimo este punto. Hace falta una reforma contundente hacia las garantías de salud mental para estos individuos por sus enormes afectaciones. No soy rencoroso ni resentido, soy realista por el dolor ajeno, por un dolor que jamás se olvidará pase lo que pase. En nuestra Carta Magna está planteado el derecho a la vida como una prioridad ante todo, sin embargo llegó el momento de reflexionar por este derecho perdido y reconocer que la cadena perpetua es el punto para empezar con una reforma radical a la actual justicia colombiana.
Varios países mantienen vigente la pena de muerte como última medida para delitos capitales, entre esos, el asesinato y también puede incluirse la violación, hechos imperdonables que bajo mi consideración esta medida no debería desestimarse en un país como Colombia donde la vida ha sido impertinente y olvidada por muchos macabros victimarios.
