Por: Juan Camilo Vanegas.
El fracaso de la zona de despeje del gobierno de Andrés Pastrana y el golpe bajo que sufrió con la silla vacía del Caguán fueron los elementos perfectos para que el excongresista y ex Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, por allá en el 2002, agitara las banderas de la mano firme (la guerra) en contra de las guerrillas colombianas y lograra elegirse Presidente de Colombia. Han sido ya casi 20 años que llevamos escuchando su discurso que sólo contempla la lucha armada y frontal, es decir, la guerra, como forma de resolución del conflicto armado. A pesar de que ya hemos firmado un acuerdo de paz con las Farc, y que el gobierno nacional debería dedicarse a cumplirlo, mantienen el discursos de la guerra como justificación para su accionar.
De tal forma, hemos vivido en Colombia fenómenos de violencia estatal como lo han sido los falsos positivos. Gracias a este discurso de guerra que ha manejado el uribismo desde que saltó al escenario nacional, durante los 8 años de gobierno del expresidente Uribe, se les exigía a las fuerzas armadas resultados en la guerra contra las guerrillas y eso llevó a que en muchas ocasiones civiles fueran dados de baja y registrados como militantes de las guerrillas. Es decir, se asesinaron inocentes por cumplir con las exigencias de la política del gobierno de la seguridad democrática. Tan grave ha sido el asunto que muchos años después la Justicia Especial para la Paz – JEP ha logrado calcular mas de 6.000 víctimas de falsos positivos en el país. En el actual gobierno un bombardeo del Ejército en Caquetá en el que murieron siete menores de edad, tras el intento de ocultar los hechos por parte del exministro Botero desencadenó un escándalo nacional que terminó con su renuncia. Hace unas semanas un bombardeo del ejercito ocasionó la muerte de varios niños, a los que el Ministro Diego Molano llamó “máquinas de guerra”. Con este tipo de actuaciones el gobierno vulnera el principio de proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario – DIH, al afectar población civil o bienes de la población civil. Más aún cuando el reclutamiento forzado de niños es un delito de guerra y que podría considerarse delito de lesa humanidad.
Así pues, se hace inaceptable que el Colombia sigamos admitiendo este tipo de actuaciones por parte del estado. Las fuerzas armadas conocen la dinámica del conflicto y las altas posibilidades de que donde bombardean haya población civil. A la luz del DIH, ante la duda de presencia de actores civiles, el estado tiene la obligación de detenerse, más aún si la acción a evaluar es un bombardeo. De tal modo, se hace inadmisible que políticos y funcionarios quieran justificar la violencia estatal a través del discurso, llegando al extremo de llamar a niños, ”máquinas de guerra”.
