Una de las principales consignas del Presidente Iván Duque cuando estaba de candidato era “el que la hace la paga”, aludiendo a que desde su gobierno se perseguiría a todos los criminales, que llegaríamos a tener una seguridad con legalidad y que el crimen sería erradicado en todas sus formas. Sin embargo, esta consigna de campaña y posterior programa de gobierno que incluye 582 operaciones para combatir el crimen, se le olvidó incluir la lucha contra la corrupción.
Los casos en el presente gobierno han sido varios, pero algunos llaman la atención de manera sobresaliente. Por ejemplo, uno de los más emblemáticos es el de la ex Ministra de Tics Karen Abudinen, quien permitió, participó o simplemente “no vio” como cerca de 80.000 millones de pesos destinados al programa de Centro Poblados para dotar de conexión de internet a varios rincones de Colombia desaparecieron sin que la anhelada conexión a la red llegara a estos sectores. Hoy la exministra, que renunció a su cargo para someterse a la justicia del fiscal amigo del Presidente, sigue tranquila y libre.
A su vez, en este inicio de año hemos sido sacudidos con dos casos de presunto tráfico de influencias desde funcionarios muy cercanos al Palacio de Nariño. Por un lado, está el caso de Claudia Montealegre, esposa del Secretario Jurídico de la Presidencia German Quintero, quien desde que su esposo se posesionó en el cargo, entre el 22 de enero y el 2 de diciembre del año 2021, ha celebrado múltiples contratos por un valor de $653.357.444 pesos con entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura, la ADRES, la UGPP y El Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales. De igual forma, está el caso de Karen Váquiro, esposa de Andrés Mayorquín, el exasesor de la jefa de gabinete de la Presidencia (María Paula Correa), quien suscribió 24 contratos durante el año pasado por un valor aproximado de 1.200 millones de pesos con diferentes entidades estatales.
Dos elementos llaman la atención, la presunta capacidad que pudieran tener los dos funcionarios de palacio para influir en la escogencia de sus esposas para la celebración de dichos contratos y la capacidad laboral que tienen estas dos mujeres para ejecutar más de dos contratos con entidades estatales. He sido contratista del estado y la demanda de tiempo y de trabajo es sumamente alta para desarrollar un contrato, el primer año de pandemia, tuve la oportunidad de celebrar un contrato con el estado y otro con una consultoría privada y con mucho esfuerzo, sin descanso y gracias a que no se podía hacer nada diferente a estar en casa por la Covid 19, pude cumplir con los dos. Pero me pregunto, como hace alguien para cumplir con más de dos contratos y más aun cuando son hasta en ciudades diferentes.
Finamente, esta el caso de Ministro de Agricultura Rodolfo Enrique Zea, quien, según la Contraloría, a través de la línea Especial de Crédito Colombia Agro, destinada a apoyar a los pequeños productores agropecuarios afectados por la pandemia, habría destinado recursos que ascienden a la suma de 252 mil millones de pesos a favorecer grandes agroindustriales y comercializadores, dejando al pequeño productor y campesino por fuera.
En el periodo electoral que estamos viviendo se hace de vital importancia evaluar las actuaciones de los candidatos a lo largo de su vida en lo público y en lo privado, tenemos una baraja bastantemente amplia con personas como Camilo Romero, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo, Ingrid Betancourt o Alejandro Gaviria, entre otros, que han tenido unas actuaciones limpias y transparentes en su vida pública y privada. No podemos dejarnos convencer de consignas como la del actual Presidente donde hemos visto que realmente los únicos que pagan son quienes no son amigos del gobierno.
