A menos de un mes de la elección de un nuevo mandatario, una institución que constitucionalmente debe ser apolítica se ha convertido en una ficha clave en este confuso tablero electoral. Estoy hablando del Ejército Nacional de Colombia. En escasos cinco días estuvo en las principales noticias de este país. Primero, porque el general Paulino Coronado durante su intervención, asumió cargos imputados por la JEP sobre 125 casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de la Brigada 30 de las FFMM. Y segundo, la presunta participación política del General Eduardo Enrique Zapateiro.

Cómo lo dio a conocer Semana en su pasada edición de domingo, dentro de las filas de los altos mandos militares hay un malestar por la posible llegada a la Casa de Nariño del hoy senador; Gustavo Petro. Les parece una deshonra que un ex integrante de un grupo subversivo sea su comandante en jefe. Malestar, que no debe ser minimizado, muy por el contrario, debería encender las alarmas de golpe de estado, aunque el candidato del Pacto histórico solo ha ganado en las encuestas.

En hechos concretos y que también debería preocupar, es la forma en la que están ejerciendo control e inteligencia las FFMM. Cabe recordar que, el antecesor del actual ministro de la defensa, Guillermo Botero, se fue de su cargo por un debate de moción de censura en el que se le increpaba por un operativo en el que fueron bombardeados menores de edad. Además, y en hechos recientes están las imágenes de hombres con distintivos del ELN patrullando por municipios de Norte de Santander y Arauca. 

Diego Molano, actual ministro de la defensa, durante su estadía en el cargo ha tenido que asistir a dos debates de moción de censura en el Congreso, el primero por un caso semejante al del exministro Botero; bombardeos en el que resultaron muertos menores de edad. La respuesta de Molano fue expuesta desde una realidad bélica, en la que los niños son vistos cómo “máquinas de guerra” y no cómo víctimas del conflicto armado interno. 

El segundo, se debió a la intervención militar en el departamento del Putumayo, precisamente en Puerto Leguízamo, en el que perdieron la vida en hechos aun por esclarecer, 11 civiles y resultaron varios heridos en los que se encuentra una mujer en estado de embarazo. Los relatos recogidos por Vorágine, Revista Cambio Colombia y El Espectador dan evidencia de la falta de seguimiento por parte de la inteligencia militar, conllevando a atropellos y, por ende, la violación al Derecho Internacional Humanitario, a los miembros de esta comunidad. 

Por último, el caso del General Zapateiro o el general ¡Ajua! Quien respondió airadamente a través de su cuenta en Twitter la afirmación del candidato Petro, quien aseguró que “Algunos militares hacen parte de la nómina del clan del golfo” (…). La respuesta de Zapateiro fue: “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura”. Es un hecho sin precedentes, y me permito ser reiterativo “La Fuerza Pública no es deliberante (…) los miembros no podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”. Según el artículo 219 de la Constitución Política de Colombia. Lo que hizo el General, está siendo investigado por la Procuraduría de Margarita Cabello.

Las fuerzas militares que deja el gobierno Duque colocan en riesgo la democracia, pero levantar la voz por un procedimiento indebido de participación política en el país en que el presidente toma partido y busca su reelección en cuerpo ajeno, es muy difícil y aún más cuando se trata de militares.