La derecha y los medios de comunicación a su servicio manipulan la información a conveniencia.
Por: Jonathan David Tangarife Quintero.
El pasado 10 de agosto, se dio a conocer la resolución del Departamento de Justicia de EE.UU. coordinada con las autoridades colombianas y con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), en la que se confirma que Corficolombiana, entidad financiera perteneciente al Grupo Aval, tendrá que pagar una multa de más de 80 millones de dólares (40 millones a la SEC y casi 41 al Departamento de Justicia) debido a que la empresa estuvo involucrada, junto a Odebrecht, en el pago de sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano entre el 2012 y 2015, según el documento.
Dichos sobornos alcanzaron los más de 23 millones de dólares y tenían como objetivo hacerse con el contrato para “construir y operar una autopista de peaje conocida como la Ampliación Ocaña-Gamarra”, según el portal web del Departamento de Justicia estadounidense. Este contrato estaba directamente relacionado con el famoso proyecto de la Ruta del Sol II. A partir de esto, Corficolombiana obtuvo más de 28 millones de dólares como ganancia provenientes de negocios corruptos.
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“Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero, y por ello se le exigen responsabilidades,” dijo el fiscal federal del Distrito de Maryland, Erek L. Barron; porque sí, a diferencia de lo que están queriendo hacer creer varios políticos y medios de comunicación de nuestro país, Corficolombiana no fue declarada inocente, ni mucho menos. Lo que sucedió fue que esta empresa firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA, por sus siglas en inglés) de tres años con el Departamento de Justicia para resolver sus líos judiciales en el país del Tío Sam, entre los cuales se encuentra una imputación del “cargo de asociación delictuosa para violar la disposición contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”.
El ya mencionado DPA hace referencia, según Ana Bejarano en su columna titulada La verdad de Corficolombiana, a “un mecanismo empleado cuando la autoridad tiene bases para acusar al investigado, pero accede a no hacerlo a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones”, condiciones que, en este caso, son económicas y que también tienen que ver con el aporte de información desconocida por la justicia gringa, en el marco de la repartición de sobornos.
Con base en todo lo anterior, queda claro que Corficolombiana no fue declarada inocente en esta investigación por la entrega de sobornos, al contrario, aceptaron su participación en este entramado de corrupción y ahora están afrontando las consecuencias. Sin embargo, ciertos medios de comunicación y personajes políticos de derecha han estado tergiversando la información publicada por la justicia estadounidense con la finalidad de lavarle la imagen (podrida) a Corficolombiana.
Aquí algunos ejemplos:Tweet de Federico Gutiérrez:
Me alegra conocer que el Grupo Aval, sus directivos y accionistas hayan demostrado su inocencia ante investigaciones que llevaba el gobierno americano. La familia Sarmiento Ángulo, a quienes conozco, se han caracterizado por ser ejemplo de rectitud. Han sido empresarios… pic.twitter.com/kdGOoPLDlg
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 10, 2023
Lo de políticos como “Fico” Gutiérrez tiene una explicación: Luis Carlos Sarmiento Angulo (dueño del Grupo Aval) es un aportante fiel a las campañas de los partidos políticos tradicionales y, además, se aproximan las elecciones regionales… Blanco es, gallina lo pone, y frito se come.
Asimismo, el actuar de los medios de comunicación en este caso también tiene su razón de ser: primero, una clara ideología política inclinada hacia la derecha, igual que los partidos políticos que son apoyados económicamente por Sarmiento Angulo, y segundo, el hecho de que varios de ellos (como El Tiempo) pertenecen al mismo banquero.
La decisión de la justicia gringa en medio del caso de los sobornos en la contratación de la Ruta del Sol II, retrata a la perfección la negligencia judicial que padecemos en nuestro país, ya que, mientras en Estados Unidos tienen contra las cuerdas a empresas como Corficolombiana, en Colombia hace poco el Consejo de Estado tumbó la multa de $800 mil millones impuesta a Odebrecht por el Tribunal de Cundinamarca en primera instancia y, como si fuera poco, también echó para atrás la inhabilidad de la empresa brasileña para contratar con el Estado colombiano.
Todo este entramado de corrupción ha costado, incluso, vidas. Vidas como la de Jorge Enrique Pizano y su hijo, quienes murieron luego de que el primero entregara pruebas de que el entonces abogado del Grupo Aval y posterior Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tenía pleno conocimiento del escándalo de corrupción que se estaba ejecutando en medio de la Ruta del Sol II y no hizo nada al respecto. Ahora la justicia gringa honra la valentía de los Pizano, sancionando a uno de los responsables principales de los sobornos denunciados por Jorge Enrique. ¿Y la justicia colombiana para cuándo?
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