La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró responsable al Estado de Colombia por el exterminio de por lo menos 6.000 militantes de ese partido.
La Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP) poniendo punto final a una pesquisa de 30 años que comenzó en 1993, cuando los sobrevivientes de ese partido acudieron al tribunal para denunciar la persecución sistemática a quienes dejaron las armas para entrar en la vía política.
La determinación fue leída por el juez Ricardo Pérez Manrique en una notificación de sentencia a integrantes y militantes en el caso UP vs. Colombia, como se le conoce jurídicamente al litigio, que divulgó el tribunal en una audiencia virtual. La decisión marca un punto de inflexión en la lucha de los militantes de la UP.
La Corte IDH determinó que el Estado colombiano es responsable por la violación a los derechos a la libertad de expresión, de asociación y políticos que reconoce la Convención Americana, también a la libertad personal y al derecho a la honra de los integrantes de ese partido. Asimismo, determinó que es responsable por la violación del derecho a la vida.
Sin embargo, el estrado también puntualizó que “el Estado no es responsable por la violación de los derechos a la libertad judicial, las garantías judiciales y la protección personal” en relación con los casos de cuatro integrantes de ese partido.
En la lectura de la sentencia estuvieron integrantes de esa colectividad como las senadoras Aída Avella y Jahel Quiroga, quienes sobrevivieron al exterminio que sufrió el grupo desde su entrada en la vida política en 1985.
Ese año un brazo de quienes para entonces estaban vinculadas con las extintas Farc decidieron tomar el camino político, paso que se dio gracias al acuerdo de paz de la Uribe -Meta que firmaron con el Gobierno de Belisario Betancourt. Entonces, se formó la colectividad que en cuestión de meses ya estaba participando en las elecciones legislativas y presidenciales de 1986.
Empero, desde ese mismo momento sus integrantes comenzaron a ser perseguidos, amenazados y asesinados. Solo entre 1986 y 1987 fueron ultimados 262 miembros de la UP, entre ellos congresistas y excandidatos al legislativo. Ese ataque a los militantes se mantuvo por décadas y entre las víctimas también está el excandidato a la Presidencia Bernardo Jaramillo Ossa
