El pasado 28 de marzo se llevó a cabo lo que el Ejército Nacional denominó como un operativo contra las disidencias de las FARC en Puerto Leguízamo, Putumayo. Sin embargo, según las investigaciones y los informes realizados por medios como El Espectador, Revista Cambio, Vorágine y Noticias Caracol, todo parece indicar que lo que en realidad sucedió fue la perpetración de una masacre que dejó por lo menos 6 civiles asesinados, a los que luego, según testimonios, hicieron pasar como guerrilleros colocándoles armas encima y, en general, manipulando la escena del crimen.

Cada vez nos aproximamos más a las elecciones más importantes de nuestra historia reciente y acontecimientos como lo ocurrido en Puerto Leguízamo dejan ver el temor presente en el establecimiento de cara a una casi asegurada pérdida del poder a manos del progresismo.

Nada de esto es nuevo: recordemos que bajo los gobiernos de Álvaro Uribe se perpetraron la mayoría de las 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Nacional, las cuales intentaron hacer pasar como bajas de guerrilleros en combate. ¿Cuál es el objetivo principal detrás de estas masacres? Simple: crear terror, miedo y caos, para luego vender “seguridad”, o más específicamente “seguridad democrática”, como le llamó Uribe al derramamiento de sangre de inocentes bajo su supuesta lucha contra las guerrillas.

Según los informes anteriormente citados, fueron 11 personas las que murieron en el “operativo”, dentro de las cuales 6 eran civiles inocentes (entre las que se encuentran una mujer embarazada y al menos un menor de edad) quienes fueron víctimas de la sevicia de nuestro “glorioso” Ejército Nacional. Los miembros de esta institución, según los testimonios, llegaron al lugar de los hechos vestidos de negro y haciéndose pasar por guerrilleros mientras acribillaban a la población civil que se encontraba en un bazar para recolectar fondos que serían destinados a la infraestructura del lugar.

Como es apenas lógico, los miembros del Ejército no permitieron que se le brindara ayuda a los heridos, quienes, en su mayoría, acabaron muriendo, como es el caso del gobernador indígena, Pablo Panduro. Además, en varios casos se observó cómo le colocaban armas encima a los cadáveres que ellos acababan de asesinar.

Como si fuese poco, quien anunció el “éxito” de la operación fue el mayor general Édgar Rodríguez Sánchez, quien tiene investigaciones abiertas por varias ejecuciones extrajudiciales cometidas entre el 2006 y el 2007.

Como afirmé anteriormente, estamos en épocas electorales y el establecimiento lo sabe. Ya hemos sido testigos de atentados de dudosa procedencia (de los cuales los mayores beneficiados políticamente hablando son los uribistas), del retorno de los falsos positivos, del asesinato de líderes(as) sociales y ambientales, miembros y partidarios de la oposición, etc. El mensaje es claro: el uribismo está dispuesto a hacer CUALQUIER COSA por seguir aferrado al poder, la oposición se acerca cada vez más a la Casa de Nariño y ellos, más que nadie, lo saben.