Durante los últimos días, algunas declaraciones de Gustavo Petro han causado revuelo nacional, debido a que el líder político hizo referencia al tema alrededor del cual giran varios de nuestros problemas: la tierra, dando a conocer sus propuestas en este ámbito y generando el rechazo del sector uribista del país.
El 15 de octubre el senador de oposición afirmó lo siguiente: “Para que este mundo productivo de la tierra sea posible, los poseedores que ven la tierra como poder y no como instrumento productivo, tienen que retroceder, deben liberar la tierra y yo propongo comprársela, no para que quede en propiedad del Estado, sino para que sea propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción, es decir, comprarle las haciendas a Álvaro Uribe Vélez para que allí se pueda producir comida, dado que él la piensa como un instrumento de poder”.
Claramente, Uribe fue uno de los primeros en mostrar su rotundo rechazo a esta propuesta del precandidato presidencial, propuesta que viene haciendo pública desde las elecciones presidenciales pasadas. Entre otras cosas, dijo que él no es un terrateniente, sino que es un “finquero”, y Santiago Valencia (senador del Centro Democrático) salió a comparar, como ya es costumbre, a Petro con Chávez y a calificarlo de “expropiador”.
Y es que lo anterior resulta irónico y hasta chistoso, ya que fue el mismo Álvaro Uribe quien, durante uno de sus gobiernos, en 2007 promulgó la Ley de Desarrollo Rural 1152 de 2007, a través de la cual se le otorgaron poderes a la Unidad Nacional de Tierras para comprar y EXPROPIAR tierras improductivas según las exigencias del Gobierno Nacional.
Para citar un ejemplo, el artículo 72 de esta ley justificaba los poderes entregados a la Unidad Nacional de Tierras afirmando que todo era con el fin de “estimular el mejoramiento de la productividad y la estabilidad de la producción agropecuaria”, hasta ahí, todo bien; pero, tales poderes le permitirían a esta unidad comprar inmuebles rurales improductivos de propiedad privada “por el valor que aparezca registrado en el avalúo catastral del respectivo predio empleado como base para la liquidación del impuesto predial correspondiente al año inmediatamente anterior”, agregando que “cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra, o cuando se presumiere su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 5 del artículo 135 de la presente ley, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación”, ¿quién es el expropiador entonces?
En 2018, Colombia Check (verificadores de noticias en internet) efectivamente calificó como “verdadera” la información correspondiente a la ley expropiadora de tierras promovida por Álvaro Uribe. Por fortuna, en 2009 la Corte Constitucional tumbó la ley anteriormente mencionada, ya que el gobierno de entonces no cumplió con su obligación de consultar a las minorías étnicas sobre asuntos de su interés.
En conclusión, quienes menos pueden tachar a alguien de “expropiador de tierras” son los uribistas, ya que su líder supremo fue el más “castrochavista” (como dicen ellos) en su momento, faltándole solo el típico “¡EXPRÓPIESE!” de Hugo Chávez. “La tierra es de quien la trabaja”, dijo en su momento Emiliano Zapata, líder revolucionario mexicano, y no podría estar más de acuerdo con ello. La postura de Petro es clara y la comparto, una de tres: los megaterratenientes vuelven sus tierras productivas, la venden al Estado para que sean entregadas a los campesinos, o mantiene sus tierras improductivas, pero tendrá que pagar un impuesto de tierras fértiles improductivas.
