Hoy, día en el que estoy escribiendo esta columna, me levanté, como ya es habitual en este país, con noticias nefastas por aquí y por allá, entre esas, la de aquella vendedora de keratinas en la que no quiero ahondar para no seguir su jugarreta mediática de querer dar de qué hablar, para bien o para mal, aunque para conseguirlo deba reunirse con narcoparamilitares. La noticia que me tiene aquí escribiendo la considero demasiado grave, y es que cómo no va a serlo, si estamos hablando de una jugadita más de los delincuentes de corbata que tiene Colombia, jugadita que consiste en nada más y nada menos que ROBARSE LAS ELECCIONES DEL 2022. A continuación, les comento los detalles.

Paula Bolívar y Maria Camila Díaz revelaron en W Radio que se están presentando irregularidades (como siempre) en el proceso de selección de la empresa que se encargará de proveer el software para las próximas elecciones y que obtendrá más de 1.2 billones de pesos por ello. Se trata de Thomas Greg and Sons, empresa que se ha quedado con este tipo de contratos desde el 2009 en nuestro país.

Pues bien, según las periodistas, varias de las más conocidas empresas del sector enviaron cartas a la Procuraduría y a la Contraloría exigiendo que se suspendiera este proceso, debido a que las entidades encargadas tienen todo servido para que la empresa anteriormente mencionada se quede, una vez más, con este jugoso contrato,

Las compañías que enviaron las cartas enuncian tres puntos clave: por un lado, que las entidades responsables de llevar a cabo este proceso de selección están pidiendo como requisito un software que solo posee Thomas Greg and Sons. Por otro lado, denuncian que el tiempo que les dio la Registraduría es demasiado corto como para intentar elaborar un software igual o similar, y, finalmente, afirman que otro de los requisitos interpuestos consiste en tener experiencia en anteriores elecciones presidenciales; cosa que es imposible para las demás organizaciones, debido a que Thomas Greg and Sons se ha quedado con estos contratos desde hace más de 11 años.

Además, Bolívar y Díaz dieron a conocer que tuvieron acceso a una carta del 18 de agosto del 2021, en la que diversas partes interesadas en este proceso le solicitaban a Sabrina Cajiao, gerente administrativa de la Registraduría, cambiar la modalidad de contratación y llevar a cabo una licitación pública que les dé chances, al menos, de competir en condiciones medianamente equitativas.

En fin, palabras más, palabras menos: nos quieren robar las próximas elecciones, sí, otra vez, esto es deducible debido a que, por medio del mismo software, llevan alterando votos y poniendo a votar a gente muerta desde hace más de una década. Sin mentirles, ese siempre ha sido mi mayor temor de cara al ámbito político del próximo año; a través de este tipo de artimañas estos miserables pueden hacer literalmente lo que les dé la gana sin que se les pueda si quiera cuestionar. Al menos la compra de votos se puede limitar y hasta erradicar con una votación real masiva por parte de l@s colombian@s, ya que de esta manera serán más los votos que deberán comprar para obtener la mayoría, y podría llegar un punto en el que ya no les sea rentable. Pero, en este caso, que estamos hablando de la celebración de un contrato por parte de una entidad estatal/gubernamental, nosotr@s como ciudadan@s, ¿qué podemos hacer para evitar que nos roben las elecciones?, lo que nos queda, por ahora, es hacer eco de esta información y poner contra las cuerdas a los vivarachos que nos creen estúpidos y que nos quieren arrebatar el cambio a la fuerza una vez más.