Las armas no han sido devueltas.

Por: Jonathan David Tangarife Quintero.

El pasado 8 de abril, Edinson Bolaños (miembro de la Revista RAYA) con el apoyo de La Liga Contra El Silencio, reveló varios detalles sobre el préstamo de armas por parte del Departamento de Control y Comercio de Armas al narcotraficante “Ñeñe” Hernández y demás empresas encabezadas por personajes cuestionados, como lo son miembros del clan Gnecco (sí, los familiares del esposo de Vicky Dávila).

Por medio del Decreto 356 de 1994 se estableció la figura de los departamentos de seguridad para que diferentes empresas gestionen su protección con ayuda de armas del Estado, en caso de existir amenazas de diferente índole a su seguridad por parte de grupos armados ilegales. La SuperViligancia es la encargada de otorgar y vigilar las licencias de funcionamiento, mientras que el Departamento de Control y Comercio de Armas aprueba y entrega las armas luego del estudio de riesgo.

Bajo este decreto, una de las empresas ganaderas que han sido beneficiadas con las armas del Estado desde el 2015 es Inversiones Hernández López S. En C., cuyo representante legal sigue siendo el ya fallecido “Ñeñe”: le otorgaron una licencia para que entrara en operación un grupo de seguridad en Valledupar para proteger al ya mencionado representante legal, doce miembros de su familia y socios; le proporcionaron dos submetralladoras Uzi y 13 pistolas 9 milímetros para dicho grupo, además de tres pistolas para la defensa personal del narcotraficante, cuatro camperos Toyota, seis radios de comunicación y 16 celulares para la protección de su familia.

Como si fuera poco, esta organización es una de las 23 que aparecen en la lista enviada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a la Fiscalía el año pasado con el fin de recuperar 339 armas que están en poder de miembros de estas compañías, ya que, en el caso de la empresa del “Ñeñe”, por ejemplo, la licencia del departamento de seguridad fue cancelada en mayo del 2018.

Miguel Ángel García, director del Departamento de Control y Comercio de Armas, afirmó lo siguiente: “Que yo tenga un medio coercitivo para poderle decir a una empresa que no le dieron su licencia que me devuelva las armas, no lo tengo”, además, dijo que quien debe gestionar la devolución voluntaria de las armas en este caso es el representante legal de la empresa: el difunto “Ñeñe” Hernández. Por ende, el papel de estas armas poseídas ilícitamente por ciertas organizaciones es incierto en este momento. ¡El país del realismo mágico!

Como dato adicional, vale la pena destacar que el jefe de aquel departamento de seguridad del narcotraficante era el hoy alcalde encargado de Usme, el señor Dorian de Jesús Coquies Maestre, miembro del Partido Verde. Vaya, vaya…

Si bien es cierto que cuando se le otorgó la licencia al “Ñeñe” Hernández aún no se sabía que era más narcotraficante que ganadero, de igual manera resulta inconcebible que no se ahonde en los estudios previos a un individuo como él antes de darle nada más y nada menos que armas del Estado.

Aunque resulte inverosímil, hoy, después de muerto, un personaje que se hizo conocido por comprarle la presidencia a Iván Duque sigue gozando de las armas del Estado y no existe herramienta alguna para obligar a su empresa a que las devuelva. Urge que el actual gobierno “meta mano” en este asunto y modifique lo necesario para que las armas del Estado colombiano nunca más vuelvan a caer en manos de personas cuestionadas, quienes, posteriormente, hacen hasta lo imposible para no devolverlas.