4-junio-2020.

Por: Juan Pablo Ortega.

Es paradójico que millones de colombianos entreguen con mayor facilidad toda su información personal para que sea compartida con desconocidos por medio de redes sociales y aplicaciones de citas (casi) a ciegas, pero teman, se ofusquen y revolucionen cuando el Estado les pide información para proteger su vida.

Expertos internacionales han coincidido en que hacer la trazabilidad del contagio en tiempo real por medio de aplicaciones móviles o web, facilita tomar decisiones y lograr las medidas más adecuadas para salvar vidas y proteger la economía.

Con respecto a lo anterior, varios se han rasgado las vestiduras, aludiendo a todo tipo de teorías conspirativas e incluso afirmando violación de sus derechos. Otros han defendido este tipo de iniciativas, con algunas críticas sobre la obligatoriedad de las medidas. En conclusión, una vez más, se demuestra la crisis de confianza por la que están pasando las instituciones, sobre todo en las democracias occidentales.

Creo que existen razones suficientes para dudar y prender las alarmas, pero dicha tesis de no entregar información al Estado por desconfianza, es casi igual a decir que no volverán a pagar los impuestos porque los políticos son corruptos y se los robarán. Al final, la desconfianza que se ha creado en las instituciones públicas, puede llevar a que las decisiones más importantes terminen tomándose bajo supuestos, percepciones y tendencias ideológicas, y no bajo datos objetivos y cuantificables.

El temor de muchos se basa en que sus datos serán utilizados para fines corruptos e ilegales, pero créanme cuando les digo: ellos lo saben todo. Aquellos con el poder para utilizar bases de datos no autorizadas lo hacen precisamente porque tienen la habilidad de hackear los sistemas de información y conocer la vida de cualquiera de nosotros. Los bancos ya tienen la mayoría de información de cada uno, y si cualquiera hace un simple perfilamiento con lo que hemos compartido en Facebook o Instagram, tendrá información suficiente para extorsionarnos, amenazarnos o en el mejor de los casos, incluirnos en sus pautas publicitarias.

Quizá somos víctimas de nuestros propios avances tecnológicos y por ello, tengamos que enseñarles a nuestros hijos a ser más precavidos con lo que comparten.

Pero la solución, no es seguir acusando a los gobiernos como a una organización corrupta que viene por nuestra privacidad para hacernos daño y violar nuestros derechos, sino por el contrario, ponernos en la tarea de elegir mejores gobernantes, elevar el nivel de discusión sobre el modelo de políticas e instituciones públicas que queremos, y entre todos, devolverle la confianza a la única institución que al final tiene la responsabilidad de cuidarnos a todos: el Estado.

Posdata: ojo, no estoy hablando de un Estado gigante que controle el mercado y las libertades individuales, pero sí, al menos, uno que pueda cumplir con la única misión que aún sus más críticos reduccionistas le reconocen en la teoría: el de ser el juez imparcial y el policía protector, ya no solamente de los ladrones del barrio, sino de los ladrones digitales. Bienvenidos al Siglo XXI.