7-septiembre-2020.
La democracia moderna se constituyó como una forma de gobierno que permitió superar las monarquías absolutas donde un individuo, el rey, por mandato divino, era el destinado para regir los destinos de los gobernados a su antojo. Concretamente en Colombia nos regimos a través de una democracia representativa, en la que la mayoría de los colombianos cedemos nuestro derecho a decidir sobre lo público, a los políticos que elegimos para que nos representen, a través del voto popular, y que básicamente defiendan en cada una de las decisiones que deben tomar el bien común.
Entre otros muchos aspectos, un régimen democrático implica que exista una división del poder político y un sistema de pesos y contra pesos que controle que nadie se exceda. En Colombia esto se materializa en el papel en las tres ramas del poder: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin embargo, a pesar de que el partido a través del cual se eligió al Presidente se llama Centro Democrático, su accionar de democrático tiene más bien poco.
La actual Procuradora, Margarita Cabello, que deberá encargarse de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, es decir de vigilar y controlar que los recursos públicos sean invertidos sin corrupción, hasta hace no mucho se desempeñó como Ministra de Justicia de la administración Duque. La nueva encargada de fiscalizar la inversión pública era subalterna del Presidente hasta hace poco ¿Será que tiene la independencia y capacidad para cuestionar a su antiguo jefe?
Por su parte, el Fiscal General de la República, Francisco Barbosa, que entre otras debe encargarse de investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido algún delito, también viene de ser parte del gobierno Duque como Alto Consejero para los Derechos Humanos y además amigo íntimo del Presidente desde la época de universitarios ¿Tendrá Barbosa la capacidad y profesionalidad, por ejemplo, para juzgar el caso de Álvaro Uribe con objetividad y sin beneficiarlo por ser el jefe de su ex jefe? Es poco probable, razón por la cual el uribismo celebró que esta semana el caso del expresidente pasara de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía.
Sin embargo, Duque no es culpable ‘per se’ de esta dinámica política perversa, ya que el sistema de pesos y contra pesos se vino al carajo gracias a la reforma constitucional que hizo Uribe para reelegirse Presidente, donde no se modificaron los mecanismos de elección en el sistema de pesos y contra pesos, y los presidentes terminan postulando y eligiendo a quienes los deberían de vigilar y fiscalizar.
Así pues, el Presidente puede tomar decisiones poco democráticas como la aprobación de un préstamo a la aerolínea Avianca (propiedad de una sociedad panameña) de hasta 370 millones de dólares por 18 meses sin que exista realmente una garantía de pago por parte de una aerolínea que viene en quiebra desde el año pasado. Y que además en la prestación del servicio poco o nada le importa cumplir a sus pasajeros y devolver el dinero cuando se atrasan los vuelos o se pierde equipaje ¿Estará esta decisión influenciada por el hecho que la hermana del Presidente sea una alta directiva de Avianca?. De igual forma, puede recortar a las regiones aproximadamente 25 billones de pesos que les deberían llegar a través de las regalías y del Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales), argumentando la necesidad de este recurso para atender la pandemia, pero sin que estos recursos se vean reflejados en los sistemas de salud o en la atención a la ciudadanía por la crisis causada por la Covid-19.
Entonces, urge una verdadera reforma al sistema político colombiano donde se vuelva a establecer un real sistema de pesos y contrapesos para que ninguna de las ramas del poder público tenga la posibilidad de excederse en sus acciones y podamos dejar de pensar que tenemos un Presidente obeso de poder.
