15-abril-2020.
Por: Cristhian Yarce.
El día 13 de abril de 2020 pasará a la historia por haberse celebrado la primera sesión virtual de la plenaria del Senado de la República de Colombia, luego de superar las dificultades propias del miedo al cambio. Para la ciudadanía de a pie o “de a click”, acostumbrada a decepcionarse del Congreso, esta noticia puede no ser muy significativa, pero en el fondo, este hecho repercutirá en las medidas que hoy están alterando nuestra vida cotidiana desde que fue declarada la emergencia del coronavirus.
Para asimilar la dimensión de este suceso, es necesario explicar que el congreso de un país tiene básicamente dos funciones: legislar en nombre del pueblo y controlar a quién ostenta el gobierno. Esta última función tiene singular relevancia en tanto que el poder del Estado, entendido según Nietzsche como el más frío de los monstruos, requiere ser domesticado para que no destruya las libertades de hombres y mujeres. Con ese fin, fue imprescindible que a punta de revoluciones, se implementara un sistema de pesos y contrapesos que dividiera ese único poder estatal en tres poderes independientes: ejecutivo, judicial y legislativo, teniendo estos la facultad de controlarse entre sí. Esto explica, en palabras de Montesquieu, porqué lo primero que han hecho todos los dictadores es reunir en su propia persona todos estos poderes.
Bajo esta lógica funciona el engranaje del Estado colombiano. A ello debe agregarse que únicamente en circunstancias excepcionalísimas, como la situación provocada por el coronavirus, puede el presidente asumir funciones del legislador declarando un estado de emergencia, con el objetivo exclusivo de hacerle frente a la crisis. Para vigilar el ejercicio de esta facultad extraordinaria, tanto el Congreso como el poder judicial en cabeza de la Corte Constitucional, deben activar los mecanismos de control que les corresponden para evitar que el gobierno sobrepase los límites establecidos por la Constitución Política y vulnere nuestros derechos humanos.
Pero el Congreso de Colombia no parece estar a la altura de las exigencias de la crisis ni de sus competencias, y a regañadientes ha iniciado su actividad parlamentaria el día de ayer, cuando según la Constitución, debió haber empezado el 16 de marzo; a su vez, el gobierno nacional declaró el Estado de emergencia el 17 de marzo, lo que quiere decir, que desde hace un mes el presidente ha venido imponiéndonos un amplio número de medidas que no han pasado por el control del Congreso porque sus miembros se han anquilosado en un debate según el cual, ante la imposibilidad de acudir al capitolio debido al aislamiento obligatorio, resulta inconstitucional sesionar por internet puesto que la Constitución nunca les ha dado permiso para eso.
Para facilitar el feliz término de la discusión, el presidente expidió un decreto el 28 de marzo, con en el que le dio un empujón a la actividad de las corporaciones públicas para que a través de medios virtuales cumplieran con sus obligaciones, pero ni así el Congreso asumió con celeridad su responsabilidad, alegando la espera del control que le corresponde a la Corte Constitucional sobre esta clase de decretos.
Al respecto, la jurista Catalina Botero afirmó que “lo inconstitucional es no sesionar”, no solo porque la Constitución permite que los congresistas se pongan de acuerdo para cambiar su sede cuando la perturbación del orden público así lo requiera, sino porque la ausencia de la actividad parlamentaria “suprime de facto la rama legislativa y compromete los cimientos del Estado de derecho”.
Entre argumento y argumento, se ha ido diluyendo la efectividad del control del Congreso, como si en la actualidad las herramientas tecnológicas no nos brindaran la posibilidad de garantizar principios constitucionales como los de publicidad, identidad y legalidad. Los concejos, las asambleas, y hasta el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional han dado prueba de ello.
En todo caso, urge que nuestros congresistas, como representantes de la voluntad popular, consigan comprender la magnitud de esta situación y la traduzcan en controles y medidas aterrizadas a las necesidades de quienes hoy ven en riesgo sus derechos al trabajo y al mínimo vital, y entonces encuentren en las dificultades del coronavirus la oportunidad para avanzar en reformas deseables que han sido aplazadas y hoy cobran especial vigencia.
Imagen destacada por Joakim Honkasalo on Unsplash
