21-julio-2020.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 20 señala que todo colombiano tiene la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones además de dictaminar que no habrá censura.
Así pues, llama muchísimo la atención que un Senador miembro del Partido Centro Democrático solicite a la Nunciatura Apostólica de Colombia que traslade a Monseñor Dario Monsalve de Cali por las críticas que hizo al gobierno al aseverar que este estaría ejerciendo una especie de “venganza genocida” contra los procesos de paz con las FARC-EP y el ELN. Más aún, cuando las afirmaciones de Monseñor puede que no representen la posición política de la iglesia católica, pero si el llamado y los reclamos de quienes habitan los territorios azotados por la guerra.
Por ejemplo, para la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico las declaraciones reflejan el sentir y el pensar de sus comunidades en la región y en otros lugares de Colombia. Y es que si partimos desde lo más fundamental el gobierno nacional ni siquiera reconoce que en Colombia ha habido un conflicto armado (que se inició por motivos políticos y posteriormente fue permeado por el narcotráfico y el terrorismo).
Muy claro lo dejó el Congresista del Centro Democrático Ernesto Macías cuando refiriéndose a los Acuerdos de Paz firmados en 2016 dijo que “en Colombia no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra el Estado, por tal razón, es urgente tramitar las modificaciones necesarias”.
El principal problema, que es la necesidad de una reforma agraria no es contemplado por el gobierno y debería de ser tramitada por una Agencia Nacional de Tierras que no tiene suficiente presupuesto. La ausencia estatal en el campo y su desprotección han dejado como saldo el asesinato de más de 100 líderes sociales en lo que va del año, y ni hablar del intento de desaparecer la Justicia Especial para la Paz (JEP) y de los 6 artículos de los 159 de esta ley estatutaria que el Presidente objetó, pero que tras meses de debate perdió en el Congreso y en la Corte Constitucional y tuvo que terminar sancionándola.
Así pues, el llamado es a que se tenga en cuenta que vivir en democracia implica tener la capacidad de tolerar las opiniones de los demás y no hay necesidad de salir a perseguir públicamente a Monseñor Darío Monsalve por evidenciar los reclamos que hacen las comunidades fuera de Bogotá. Ojalá que el partido del señor Presidente le haga honor a su nombre y no se vuelva un Centro poco Democrático.
