
Rafael Pardo es bogotano y economista de la Universidad de los Andes. Tiene posgrados en Economía, planeación urbana y relaciones internacionales. Ha sido profesor universitario y ha ocupado cargos importantes como el de Director Plan Nacional de Rehabilitación, Consejero para la paz y fue el primer civil en ser Ministro de Defensa Nacional. Se ha desempeñado como director de los noticieros RCN y Noticias UNO. Hoy es Senador de la República. Ha publicado varios libros entre los que se destaca “La historia de las mil guerras”, y es tal vez uno de los hombres que más ha estudiado el problema de la guerra en Colombia.
¿Por qué cree que persiste el conflicto colombiano?
¿Pensando en el mediano y largo plazo, cómo se le puede poner fin a la guerra en Colombia?
Lo único que yo planteo es que no nos acostumbremos a eso. Es más fácil empezar una guerra que acabarla. Debemos volver propósito nacional el terminar con este conflicto.
¿Cuál es la diferencia entre el proceso de desmovilización de un grupo guerrillero que lideró los 90 y el de las autodefensas?
Hay dos diferencias centrales. La primera es que en la desmovilización de los 90, todo un grupo se desmovilizaba, eso quiere decir que pasamos de un estado en que existía un grupo armado en acción, a no tener grupo y solucionar el problema. En éste proceso eso no es claro, no sabemos realmente que es lo que está pasando. Un día se desmoviliza un grupo, al otro día aparece otro, y ya resulta un estímulo rentable querer volverse paramilitar para desmovilizarse y recibir un salario mínimo por un año y medio. Ese es el problema de los procesos graduales, que no siempre conllevan al objetivo.
La otra diferencia es, esencialmente el sentido político de los grupos. Mientras hace 15 años los grupos guerrilleros tenían cómo propósito pasar de la vida armada a la vida civil para participar en política; hoy, el propósito de los grupos es pasar de la vida armada a la vida civil para lograr condiciones judiciales favorables. Esa diferencia demuestra cual es el sentido de los proceso, mientras que en los 90 la discusión era sobre acceso a la política, hoy en día se trata sobre condiciones judiciales razonables. Los jefes guerrilleros de los 90 buscaban participar en política, los jefes paramilitares quieren legalizarse, participar en la política para resolver sus problemas judiciales.
Hay dos diferencias centrales. La primera es que en la desmovilización de los 90, todo un grupo se desmovilizaba, eso quiere decir que pasamos de un estado en que existía un grupo armado en acción, a no tener grupo y solucionar el problema. En éste proceso eso no es claro, no sabemos realmente que es lo que está pasando. Un día se desmoviliza un grupo, al otro día aparece otro, y ya resulta un estímulo rentable querer volverse paramilitar para desmovilizarse y recibir un salario mínimo por un año y medio. Ese es el problema de los procesos graduales, que no siempre conllevan al objetivo. La otra diferencia es, esencialmente el sentido político de los grupos. Mientras hace 15 años los grupos guerrilleros tenían cómo propósito pasar de la vida armada a la vida civil para participar en política; hoy, el propósito de los grupos es pasar de la vida armada a la vida civil para lograr condiciones judiciales favorables. Esa diferencia demuestra cual es el sentido de los proceso, mientras que en los 90 la discusión era sobre acceso a la política, hoy en día se trata sobre condiciones judiciales razonables. Los jefes guerrilleros de los 90 buscaban participar en política, los jefes paramilitares quieren legalizarse, participar en la política para resolver sus problemas judiciales.
No solo no es suficiente, sino que, creo que va a ser negativa para la paz nacional. En el sentido que no va producir plena justicia, va a producir una desproporción en la aplicación de justicia. Un ladrón de bicicletas va a tener un mínimo de cuatro meses de cárcel, mientras el autor de 10 masacres va a tener un periodo de reclusión mucho menor. No hay una proporción de la pena respecto del delito. No hay una recompensa a la sociedad, en el sentido que las personas que vallan a recibir esa rebaja de pena, digan la verdad ante la justicia. Si no hay confesión, no hay verdad plena. Sin verdad no hay justicia ni reparación a las víctimas.
Otro punto interesante de destacar es que cómo esta ley permite el acogimiento tanto parcial como individual, no garantiza el desmantelamiento de los grupos, sino una migración hacia el crimen organizado.
¿Qué opina de la relación colombo – venezolana?
Es muy difícil, porque en Venezuela se ganó una revolución democráticamente, y esa revolución se ha ido consolidando por la vía electoral, de una forma legítima. Y eso hace que el régimen político venezolano sea muy distinto al colombiano, hay diferencias de percepción sobre que significa del estado, el papel de ciudadano, y de otro lado somos irremediablemente vecinos, un millón colombianos viven allá, y se trata de nuestro segundo socio comercial. Es una situación de difícil administración, pero que implica un muto respeto a pesar de no ser regimenes gemelos, y una defensa muy estricta del interés nacional.
Creo que es una forma de gobernar basada en una persona. El ha logrado transmitir que es el líder correcto en este momento. Pero me parece que es una forma muy personalista de gobernar y eso tiene muchos riesgos. Tiene el riesgo de que el líder se equivoque, segundo la arbitrariedad y presenta un problema: el autoritarismo.