El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, explicó que el déficit estructural de los recursos de educación podría ascender a $3,5 billones para 2023.

Hace 20 años, Alejandro Gaviria escribió ‘Los que suben y los que bajan: educación y movilidad social en Colombia’, libro en el que hacía una radiografía de las brechas educativas entre instituciones oficiales y privadas, que constituyen una de las raíces de la desigualdad y la falta de movilidad social en el país. Hoy, en su rol como ministro de Educación, reconoce que hay una brecha adicional, y fue aquella generada a raíz de la pandemia de Covid-19.

En este escenario hay tres variables a tener en cuenta: la primera son las condiciones de infraestructuras de los colegios en textos escolares y demás, la segunda apunta al tema de capacitación de los docentes, y la tercera, que es mucho más compleja, son los factores asociados a los determinantes sociales, porque esa brecha no solamente se explica por lo que ocurre en el ámbito de la escuela, sino por lo que pasa por fuera de la misma: las condiciones de nutrición y el capital cultural que existe de manera diferenciada entre unos y otros.

“Hay regiones como Nariño y Boyacá donde esas brechas son mucho menores, pero en otras, como la región Caribe, son mucho mayores. Esto es un tema complejo que parte también de una realidad institucional, y es que el sistema educativo público en Colombia es descentralizado, es decir que no todo se decide desde aquí desde el Ministerio. Uno podría plantear incluso que el Ministerio tiene un poder limitado”, explicó Gaviria en entrevista con Forbes.

El jefe de la cartera detalló que, al llegar los recursos, se giran inmediatamente a 97 entidades territoriales y se paga la nómina de maestros, dejando un dinero restante para temas de calidad. De esta forma, el Ministerio se convierte en una entidad que acompaña esos esfuerzos territoriales, pero las decisiones son muy descentralizadas. “Esto para decir que la acumulación de capacidades del Estado en el territorio y la descentralización tiene mucho que ver con esa brechas también”, añadió.

Dicho escenario ha llevado a que la cartera liderada por Gaviria tenga entre sus planes varias estrategias para 2023 que no solo buscarían solucionar esas brechas derivadas de las condiciones socioeconómicas de los colombianos, sino que también sumaría a la educación a la larga lista de reformas que el gobierno de Gustavo Petro tiene en carpeta para 2023.

¿En qué consiste la reforma?

A la espera de que el gobierno defina la agenda legislativa para el primer semestre del año, Gaviria ya ha hablado de dos reformas, e incluso una tercera pensando en 2024. La primera es una reforma a La ley 30 de 1992 donde se discuten dos alternativas: una de ellas está enfocada en los artículos 86 y 87, que apuntan a aspectos financieros como la cantidad de recursos disponibles y su distribución.

La otra es mucho más compleja, pues requiere un acuerdo al interior del gobierno que todavía “no existe plenamente”, y es la reforma al Sistema General de Participaciones, cuyo propósito se centra en aumentar los recursos totales que van a la educación preescolar, básica y media.

Gaviria afirma con total certeza que esa reforma se necesita, no solo porque hay un déficit cercano a los $2 billones, sino también para avanzar en la agenda social del sector. “Un ejemplo son los temas de primera infancia. Si no hay una reforma al Sistema General de Participaciones, la educación inicial no va a poder financiarse más allá de las ciudades capitales o las ciudades grandes que tienen recursos propios”, señaló.

Para solucionar ese déficit, necesariamente tendría que haber un aumento gradual de los recursos, pues esos $2 billones podrían convertirse en $3,5 billones para el año entrante, porque para tapar el hueco de 2022 fue necesario hacer un crédito al Fondo de Prestaciones Sociales del magisterio por $25 billones, suma que quedó acumulada.

Otros factores adicionales van a depender de un análisis que debe hacer el ministerio con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), donde se deberá definir cuáles son las metas para avanzar en Primera Infancia, según señaló el ministro.

No obstante, esa necesidad de recursos solamente está pensada para los temas operativos del sector, por lo que no está teniendo en cuenta el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y las inversiones en infraestructuras, que no se financian plenamente por el Sistema General de Participaciones, sino con otras fuentes.

En el primer caso, se va a presentar una adición presupuestal, coincidiendo con el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí, el ministerio está pidiendo $1,1 billones para pasar del 74% de cobertura al 100%, más otros $400.000 millones adicionales para llegar a un poco más de 200 municipios por fuera del periodo escolar.

“Eso implica una reconceptualización del PAE, que siempre fue visto como una estrategia de permanencia para evitar la deserción, y no como una estrategia de seguridad alimentaria asociada también a la ola invernal y a la crisis climática”, detalló el ministro.

Con respecto al segundo, cabe recordar el anuncio que hizo Gaviria el pasado 6 de septiembre durante un evento en la Universidad EAN sobre un plan de infraestructura que su cartera estaba trabajando en conjunto con el ministerio de Hacienda. Sin embargo, para ese entonces no se había hecho la recomposición del presupuesto para 2023. Y es que, el primer ajuste que se hizo, se consiguieron alrededor de $400.000 millones.

“Ahora, para la edición, estamos pidiendo un poco más de $700.000, entonces vamos a tener $1 billón que se suman a los recursos tradicionales que van para infraestructura, que se conoce como la Ley 21 de 1982”, comentó Gaviria, que a su vez especificó que dichos recursos se destinarán en dos tareas principales: el mejoramiento de escuelas rurales y la infraestructura universitaria.

Panorama Universitario

“Cuando fuí rector de la Universidad de los Andes, si alguna cosa yo repetía y repetía asiduamente, es que las universidades se tienen que conectar más con la sociedad y el sector privado, pero no solamente en los temas de los programas de pregrado y posgrado, sino también los temas de investigación, e incluso en los temas de extensión”, recordó Gaviria.

Al respecto, reveló que está trabajando con el Ministerio de Ciencia en buscar ‘misiones’ o proyectos de investigación específicos donde se encuentren la Academia y el sector privado. Incluso, ambas carteras firmaron un convenio a mediados de noviembre para consolidar dicha iniciativa.

A su vez, el ministro sostuvo que las principales áreas de cooperación podrían dividirse en tres: la atención a los migrantes, teniendo en cuenta que hay 600.000 venezolanos en el sistema educativo colombiano; la intersección entre el tema de la paz y la educación, así como el fortalecimiento de la educación en municipios Pdet, la educación para la paz y reconciliación; y las becas para universitarios.

Justo en ese punto hay una meta propuesta por el mismo presidente Gustavo Petro, centrada en el ingreso de 500.000 jóvenes de bajos recursos a las universidades del país, objetivo que “se puede incorporar en el Plan de Desarrollo”, de acuerdo con Gaviria, al ir enclavado en la “revolución en la educación superior” que busca el primer mandatario para que “las oportunidades se amplíen de manera significativa”.

“Cada año se gradúan 500.000 bachilleres en Colombia, y de ellos el 40% entran de manera inmediata a la educación superior, más o menos 200.000. Significa que se quedan 300.000 por fuera, por lo menos de manera inmediata, aunque algunos terminan entrando”, explicó Gaviria, quien recordó que la cobertura actual llega a 53% cuando se toma como denominador la población entre 17 y 22 años que está en algún programa de educación superior, incluyendo cursos técnicos y tecnológico.

Esa meta, según el ministro, necesita cinco ejes: el primero apunta a consolidar la gratuidad de la educación pública, objetivo que va a necesitar recursos superiores a $1 billón año tras año; por su parte, el segundo requiere mayores recursos que se obtienen con la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para que la base presupuestal crezca, teniendo en cuenta que van a aumentar los estudiantes.

“Nosotros vamos a garantizar un crecimiento mínimo de cinco puntos porcentuales por encima de la inflación, pero asociado también a compromisos que tienen que hacer las universidades de aumento de cobertura”, agregó Gaviria.

El tercer eje se centra en la infraestructura, con el fin de que las universidades públicas o el mismo Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) puedan llegar a áreas marginadas del país donde no se ha logrado consolidar una oferta universitaria; en cuanto al cuarto punto tiene que ver con las universidades privadas que también van a colaborar en esta meta.

Además de ellas, será vital la contribución del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) al garantizar unas tasas de interés razonables. Por ejemplo, el artículo 95 de la reforma tributaria artículo 95 asegura tasas de interés basadas en el IPC a cada joven vinculado a la entidad mientras esté estudiando.

El último, que según Gaviria, “es un tema al que quizás yo le he más puesto energía, empeño y decisión”, es la ya mencionada reforma del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

El caso ICETEX

Uno de los anuncios más importantes en los casi cinco meses que lleva el gobierno de Gustavo Petro estuvo a cargo del presidente de Icetex, Mauricio Toro, quien aseguró que la institucióncontará con recursos adicionales para condonar créditos entre 25% y hasta 50% de las deudas acumuladas por los beneficiarios. 

Al respecto, Gaviria explicó que eso tiene que manejarse de manera prudente porque el fondo del Icetex también depende de la recuperación de la cartera. “Unas son deudas que ya no son pagables, otras un conjunto de créditos que son condonables. Es decir, los estudiantes tienen una beca, pero tienen que cumplir unas condiciones, como por ejemplo graduarse”, añadió.

Para ilustrar este ejemplo, basta con un caso hipotético: la persona en cuestión se graduaba, pero nunca había enviado los papeles al Icetex y se le intentaba cobrar la deuda. Para el ministro, todos esos créditos, papeleo y trámites administrativos tienen que simplificarse para poder condonar todo lo que ya era condonable, pero que no se había podido controlar.

Después hay condonaciones parciales para personas o sujetos de especial protección constitucional, según lo que dice la ley. Al respecto, el ministro sostuvo que “tuvimos que conseguir $40.000 millones para poder hacer esas condonaciones parciales recientemente”.

Hay otro tema particular que el mismo Gaviria vivió como rector de los Andes y que espera concretar durante enero de 2023, y se centra en las condonaciones a beneficiarios de los programas ‘Ser Pilo Paga’ y ‘Generación E’ que no pudieron terminar el programa en el que se habían inscrito inicialmente o se cambiaron de carrera, casos en los que se estaban cobrando “deudas impagables” entre $100 millones y $150 millones.

Sobre el futuro de esos programas, Gaviria detalló que desde el 7 de julio, fecha en la que fue anunciado como ministro de Educación, supo que ‘Ser Pilo Paga’ y ‘Generación E’ no estaban en el programa de gobierno. “Mal haría yo en decir que van a continuar, pero sí se va a garantizar la continuidad de las cohortes que están estudiando”, aclaró.

“Lo que estamos haciendo con la estrategia de los 500.000 estudiantes, con los temas de gratuidad para el sector privado y con el Icetex, apunta precisamente a encontrar un buen sustituto de dichas iniciativas, es decir, hallar formas más costo-efectivas de esos programa en particular”, concluyó.

Forbes Colombia.