La reacción del presidente tras la captura de su hijo demuestra su respeto por la democracia y la separación de poderes.

Por: Jonathan David Tangarife Quintero.

El pasado 29 de julio, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de uno de los hijos del Presidente de la República, Nicolás Petro, y de su expareja, Daysuris Vásquez; ambos procesos se llevaron a cabo a través de allanamientos. Las reacciones por parte de la opinión pública no se hicieron esperar, y la del mismo Gustavo Petro fue una de las primeras en salir a la luz.

Asimismo, el 30 de julio un juez de control de garantías legalizó la captura de los dos señalados y ordenó su permanencia en el búnker de la fiscalía hasta que se adelante la audiencia de imputación de cargos, donde la fiscalía deberá presentar, por fin, las supuestas pruebas irrefutables que tienen contra Nicolás, principalmente. A este último se le acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras que Day Vásquez será imputada por lavado de activos y violación de datos personales.

Si desea tener contexto sobre el caso Nicolás Petro-Day Vásquez, le puede interesar: Agenda mediática selectiva

Por otro lado, desde que se dio a conocer la captura de ambos individuos, varios especialistas en Derecho han afirmado que, para este caso, no era necesaria la aprehensión de los involucrados. ¿Por qué? Pues bien, según el Artículo 300 del Código de Procedimiento Penal (C.P.P.), la captura excepcional (la ejecutada en este caso) solo se puede llevar a cabo cuando se cumplen los requisitos de la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad del Artículo 308 del C.P.P., es decir, cuando existe evidencia suficiente para que la fiscalía infiera racionalmente que el investigado es autor o partícipe de los delitos que se le acusan, y si, además, se presenta alguna de las siguientes situaciones:

1. Riesgo inminente de que la persona se esconda, escape o se traslade del lugar donde se desarrolle la investigación.

2. Probabilidad fundamentada de que la persona pueda manipular las evidencias.

3. El investigado representa un claro peligro para la seguridad de la sociedad o de las víctimas, por ende, se requiere de forma indispensable su captura, para evitar que incurra en un comportamiento delictivo en contra de aquellos.

(Información extraída del portal Asesoría Penal 24/7)

Así que, con base en lo anterior, en el caso particular de Nicolás Petro y Day Vásquez es posible evidenciar que no se cumple con ninguno de los tres puntos mencionados. ¿Por qué entonces el juez de control de garantías legalizó su captura? ¿Por qué a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo (involucrados en el escándalo de Odebrecht) no se les dictó medida de aseguramiento si al primero se le acusa de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que al segundo se le imputaron cargos por fraude procesal? ¿Acaso, por ejemplo, no son suficientes las pruebas entregadas por Daniel García Arizabaleta?

Ahora bien, retomando el tweet con el que Gustavo Petro se refirió a la captura de su hijo, cabe destacar que en él se encuentran elementos irrefutables que comprueban el respeto por la democracia y la separación de poderes que tiene el Presidente de la República. Como padre, se lamenta, pero como presidente acepta y anima a que la justica llegue hasta el fondo del asunto, aunque eso signifique el “hundimiento” de Nicolás.

Algo como lo dicho por Petro a través de Twitter no debería sorprender en un país como Colombia que, en teoría, tiene una de las democracias más antiguas del continente; sin embargo, cuando comparamos este caso con el del entonces presidente Álvaro Uribe y las investigaciones contra su primo y sus hijos, logramos apreciar la magnitud e importancia que tiene el reciente actuar de Gustavo Petro.

Según lo dicho por Daniel Coronell en su columna más reciente (Petro: la diferencia), en lo que respecta al primo del expresidente, Mario Uribe, cuando en su momento la Corte Suprema de Justica (CSJ) lo empezó a investigar por su vínculo con grupos paramilitares, el entonces presidente, Álvaro Uribe, respondió llamando a quien era el presidente de la CSJ, el magistrado César Julio Valencia, para preguntarle por la investigación contra su primo. Luego, cuando Valencia hizo pública aquella inverosímil conversación, Uribe le entabló un proceso penal afirmando que mentía. Además, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), bajo órdenes del expresidente, investigó ilegalmente los bienes del magistrado y de su abogado, con el fin de hallar algo para dañar su imagen; no lo lograron.

Por otra parte, siguiendo con los planteamientos de Coronell, cuando la CSJ se encontraba investigando los repartos de notarías en el gobierno Uribe compulsó copias para que la Fiscalía General de la Nación investigara a Tomás Uribe, uno de sus hijos, debido a que una notaria de Tunja aseguró que era cuota del hijo mencionado. Por esto, Álvaro Uribe citó a la prensa en la Casa de Nariño y, junto a sus dos hijos, pretendió lavarles la imagen a ambos y, por ahí derecho, atacar sin piedad al magistrado Yesid Ramírez, quien solicitó que se investigara a Tomás. Ramírez terminó siendo investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Video de la declaración de Uribe en la Casa de Nariño:

Finalmente, en lo que respecta al recordado caso de la zona franca de los hijos de Uribe, la fiscalía nunca investigó los dudosos negocios entre Tomás Uribe, Jerónimo Uribe y el entonces alcalde de Mosquera, Álvaro Rozo, en el que familiares de este último compraron “a huevo” varios terrenos aledaños a la zona franca de los Uribe, zona franca que fue declarada como tal con la ayuda de Rozo. Álvaro Uribe, como era de esperar y contrario a lo que hizo en su momento Gustavo Petro, nunca solicitó que la fiscalía investigara.

Comunicado en el que Petro le solicita a las autoridades que investiguen a su hijo mayor y a su hermano:

Si a todo lo anterior le agregamos el hecho de que hace poco “estalló” el que sería uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país (el desfalco de más de 80 millones de dólares a Ecopetrol) y lo cerca que está la nueva elección de un Fiscal General de la Nación, surgen más dudas en torno a si la captura de Nicolás Petro y Day Vásquez es o no una cortina de humo. En la opinión pública hay quienes dicen que con la captura del hijo del presidente lo que se busca es inhabilitar a este último por conflicto de intereses a la hora de nombrar una terna para el cargo de Fiscal General de la Nación. Sea como sea, particularmente deseo que la justicia actúe con celeridad y severidad para que caigan quienes tengan que caer en medio del presunto actuar delictivo de Nicolás Petro. Nadie está por encima de la ley, ni Nicolás ni Francisco Barbosa, quien parece estar actuando más por venganza que por el bien del país.

También te puede interesar: Salvatore Mancuso como gestor de paz: ¿acierto o desacierto?

Compartir Artículo

Artículos RelacionadosMás del Autor