Álvaro Uribe Vélez se convierte en el primer expresidente de Colombia que podría ir a juicio


Por: Jonathan David Tangarife Quintero.

A través de su cuenta de X, el pasado 5 de octubre, el expresidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, afirmó anticipadamente que sería llevado a juicio por la investigación que enfrenta por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. El día siguiente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través de los magistrados Carlos Andrés Guzmán, Hermens Darío Lara y Dagoberto Hernández Peña, negó oficialmente la solicitud de preclusión más reciente que realizó la Fiscalía General de la Nación en este caso y confirmó lo ya dicho por Uribe: el futuro del expresidente se decidirá por medio de un juicio.

Tweet de Álvaro Uribe en el que se anticipa al comunicado oficial de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá: 

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Como era de esperarse, en una especie de conferencia de prensa, Álvaro Uribe salió a mostrarse resignado ante la decisión de la justicia y a negar, una vez más, la comisión de los delitos por los que viene siendo investigado. Pero para comprender plenamente el contexto que enmarca esta histórica decisión de los magistrados Guzmán, Lara y Hernández, debemos remontarnos hasta el 2012:

En aquel entonces, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro “citó a un debate sobre el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia en los años noventa, en el que hizo varios señalamientos contra Uribe”, según señala El País en su artículo Álvaro Uribe asegura que será llamado a juicio por presunta manipulación de testigos. Cepeda presentó sus correspondientes pruebas, entre ellas, varios testimonios. En ese momento, como siempre, Álvaro Uribe negó las acusaciones del representante a la Cámara y casi que de inmediato entabló una denuncia en su contra ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, alegando que Iván Cepeda había gestionado la recolección de testimonios falsos en su contra en las cárceles del país. 

Sin embargo, a Uribe le salió el tiro por la culata: en las pruebas que le entregó a la justicia, aparecieron versiones que sugerían que fueron los abogados del expresidente quienes manipularon testigos para atacar al entonces representante a la Cámara. Por esta razón, el caso dio un giro inesperado y Cepeda pasó de ser acusado a ser víctima de un Uribe que empezó a ser investigado por el delito que pretendía achacarle a Cepeda.

Ya en el 2020, en plena pandemia, la Corte Suprema de Justica le impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva a Álvaro Uribe, al considerar que este había sido el presunto responsable principal de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Pocos días después, el entonces senador Uribe renunció a su curul, pasando así la investigación en su contra a manos de la Fiscalía General de la Nación.

Ya bajo las directrices de la Fiscalía, este ente de control, a través del fiscal encargado Gabriel Jaimes, ha solicitado la preclusión del caso en reiteradas ocasiones, afirmando que las pruebas en contra de Uribe no son suficientes y se contradicen entre sí: como lo leen, la Fiscalía ha estado actuando más como abogada del investigado que como un organismo independiente. En todos los casos, dichas solicitudes fueron negadas. 

Entre los testigos principales, quienes han sido objeto de deslegitimización por parte de la Fiscalía y la defensa del expresidente, se encuentra el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien afirma que fue visitado en la cárcel por uno de los entonces abogados de Uribe, Diego Cadena, quien, según Monsalve, le solicitó que cambiara su testimonio acerca de la cercanía que tuvo Álvaro Uribe con los paramilitares.

El mismo Diego Cadena ya se encuentra con una suspensión de tres años en el ejercicio de la profesión por presionar a Juan Guillermo Monsalve, luego de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) confirmara la sentencia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, según el portal Ámbito Jurídico. Por otro lado, el juicio en su contra ya ha sido aplazado en varias oportunidades.

Por su parte, Jaime Granados, quien encabeza la defensa de Uribe, asegura que su cliente no tiene nada que ver con las presuntas actuaciones ilegales de su exabogado Cadena. Difícil de creer, ¿no?

Ahora bien, no todo es color de rosa para quienes deseamos que por fin, de una vez por todas, se haga al menos un poco de justicia en todo el presunto actuar criminal de Álvaro Uribe Vélez.

En su columna más reciente (Camino a la impunidad), el periodista Daniel Coronell plantea que en el documento correspondiente a la ya mencionada decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, es posible leer que “un juez no puede ordenarle a la Fiscalía acusar”, lo que quiere decir que la Fiscalía, encabezada por Francisco Barbosa, puede seguir solicitando preclusiones a favor de Uribe por el resto de la eternidad, hasta que ocurra una de dos cosas: que un juez se las acepte o que el caso muera por prescripción de la acción penal (el famoso vencimiento de términos).

Según Coronell, la fecha en la que acabará prescribiendo esta investigación corresponde al 8 de octubre del 2025. Por ende, antes de esa fecha Uribe tendría que ser condenado en dos instancias, lo cual resulta ser matemáticamente imposible. A través de los cálculos del periodista en cuanto al tiempo que podrían tomar todas las diligencias judiciales dentro del caso Uribe, se estima que su hipotética fecha de conclusión tendría lugar en febrero del 2026, ya cuando el mejor abogado del país, el vencimiento de términos, habría hecho lo suyo.

“La única alternativa a este escenario de impunidad es que un juez declare que estos dos delitos no prescriben por ser conexos con crímenes de lesa humanidad, teniendo en cuenta que los testimonios que presuntamente quería voltear el expresidente tienen que ver con conformación y operación de grupos paramilitares”, concluye Coronell, quien nos da una leve esperanza de que este caso acabe viendo la luz de la justicia.

Como colombianos, solo nos queda esperar y confiar en que en esta oportunidad las cosas serán diferentes y la justicia podrá llegar a buen puerto. Las pruebas en contra de Uribe son lo suficientemente contundentes como para que el expresidente pase una buena parte de su futuro pagando una condena, aunque esta sea con mansión por cárcel. De ser así, Álvaro Uribe acabaría siendo condenado por unos de sus presuntos delitos menos graves, teniendo en cuenta las docenas de investigaciones que tiene abiertas en su contra, en las cuales se tocan aspectos como la responsabilidad directa en masacres perpetradas por los paramilitares en su momento.

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