A pesar de la solicitud de la Fiscalía de archivar el caso por soborno y fraude procesal contra el expresidente, la decisión de la jueza fue contraria debido a las dudas existentes sobre su conducta. Esta es la segunda vez que se presenta esta solicitud, pero la justicia considera que hay suficientes interrogantes que deben ser aclarados.
El sistema judicial, por segunda vez, ha reiterado que no se puede archivar el caso judicial contra el exmandatario Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. Los cargos específicos en su contra son fraude procesal y soborno, en un caso que ha durado más de una década y se ha vuelto complejo.
La decisión fue tomada por la jueza 41 penal del circuito de Bogotá, Laura Barrera, quien evaluó los argumentos de la Fiscalía, la cual ha solicitado archivar la investigación contra Uribe. Esta es la segunda vez que la Fiscalía hace esta petición y la segunda vez que es rechazada por el sistema judicial. En abril de 2022, otra jueza, Carmen Ortiz, falló a favor de las víctimas, señalando que la investigación no podía cerrarse y que la Fiscalía había ignorado las pruebas en contra del expresidente. La nueva jueza expresó algo similar: que existen suficientes pruebas para que la Fiscalía continúe investigando a Uribe o lo lleve a juicio penal. Explicó que solo se puede archivar el caso si las pruebas dejan absolutamente claro la inocencia del exmandatario, pero las dudas persisten, por lo que el caso debe seguir adelante.
La jueza Barrera afirmó: “Existen pruebas suficientes para sostener con alta probabilidad que el delito de soborno ocurrió y que Álvaro Uribe Vélez estuvo involucrado”.
El caso contra Álvaro Uribe comenzó en 2018, cuando era senador, y la Corte Suprema cambió el rumbo de una demanda penal que él había presentado contra el senador Iván Cepeda, quien afirmaba que el expresidente tenía vínculos con los exparamilitares, especialmente con el Bloque Metro, respaldado por varios testimonios. La Corte, al investigar el caso, concluyó que era Uribe quien podría estar manipulando testigos para difamar a Cepeda. En agosto de 2020, la Corte incluso consideró la detención del expresidente durante la investigación, pero Uribe, en ese momento senador, renunció para que el caso pasara a la Fiscalía, que tenía un fiscal general aliado y quizás ofrecía un ambiente más favorable para archivar el caso.
El testigo clave en este caso ha sido Juan Monsalve, un exparamilitar del Bloque Metro. Monsalve fue visitado en la cárcel por uno de los abogados de Uribe, Diego Cadena, quien también está siendo investigado por la Fiscalía en relación con este caso. Monsalve ha declarado que recibió presiones de Cadena y otro exparamilitar, conocido como Caliche, para cambiar su testimonio sobre la cercanía del expresidente con los grupos paramilitares. Estas presiones son claramente ilegales.
Monsalve no es el único testigo contra Uribe. Otro exparamilitar, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, también ha afirmado que Cadena le ofreció millones de pesos a cambio de dar un testimonio en contra del senador Cepeda. La Fiscalía ha intentado desacreditar estos testimonios argumentando que no fueron recopilados adecuadamente o que son contradictorios, pero la justicia considera que siguen siendo creíbles y válidos, y será un proceso judicial el que los evalúe en detalle para determinar la culpabilidad del expresidente.
“Esperamos que esta decisión contribuya a la verdad, la justicia y la reconciliación entre los colombianos”, declaró el senador Iván Cepeda al conocer la resolución. Por su parte, el expresidente Uribe no se ha pronunciado sobre la decisión. Sin embargo, sus seguidores expresaron de inmediato su desacuerdo. “Todo un proceso digno de una novela de Kafka. Es vergonzoso lo que le sucede al presidente Uribe, un ejemplo de lucha por su inocencia en un país sin justicia”, afirmó en redes sociales la senadora María Fernanda Cabal, del partido uribista Centro Democrático.
