Según el ministro de Defensa, esta infraestructura era utilizada para financiar al Clan del Golfo. Para los mineros la ausencia de capturas es muestra de la persecución sin fundamento contra su gremio. Hay toque de queda en algunos municipios del Bajo Cauca, mientras se registran hechos de violencia, como la quema de dos ambulancias.
Tras una semana de intentos fallidos de diálogos, crece la tensión alrededor del paro minero. La manifestación, que ya completa 10 días, se inició en rechazo a la estigmatización que, según los mineros del Bajo Cauca antioqueño, ha impulsado el Gobierno de Gustavo Petro al relacionarlos con el Clan del Golfo.
La premisa que se maneja desde el Ministerio de Defensa es que en esta región del país hay actividades mineras que están financiando las actividades del Clan del Golfo. Es por lo anterior que se han reactivado los controles policiales en esta industria, amén de la incineración de nueve dragas días atrás.
Este sábado el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, informó que fueron destruidas otras cuatro dragas en el nordeste de Antioquia que “alimentaban las finanzas del Clan del Golfo”.
Además del asunto de orden público que se presenta en la región, la situación también entorpecería las intenciones de diálogos de paz que tiene el presidente Petro con los grupos armados al margen de la ley. Hace unas horas el mandatario trinó: “Si el Clan del Golfo está detrás de los bloqueos, entonces no quiere la paz como dijo. La paz implica el desmantelamiento de las economías ilegales”.
Si el clan del golfo esta detrás de los bloqueos, entonces no quiere la paz como dijo.
La paz implica el desmantelaniento de las economías ilegales. https://t.co/wQcYTQLCMB
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 11, 2023
Cifras dadas el jueves por el ministro del Interior, Alfonso Prada, muestran que en el Bajo Cauca hay unas 300.000 que han sufrido desabastecimiento de alimentos y medicamentos por cuenta de los bloqueos protagonizados por los mineros. El viernes se reunieron las dos partes, pero no se llegó a una acuerdo (según los mineros porque el Gobierno se negó a aceptar los once puntos contenidos en el acuerdo que llevaron a la mesa). La orden tras la reunión fue que las fuerzas del Estado hicieran presencia en el sector para impedir los bloqueos.
A esto se suma la declaratoria de toque de queda en Caucasia, Cáseres, Nechí, Tarazá, El Bagre y Zaragoza. Esta comienza a regir desde las seis de la tarde de este sábado hasta las seis de la mañana del domingo y lunes.
Medios de comunicación también han alertado sobre el cese en la prestación del servicio de gas en el Bajo Cauca por cuenta de los bloqueos. “Es lamentable ver la situación que están padeciendo tantas familias y comerciantes de la zona, en su mayoría de escasos recursos, a causa de los bloqueos que han impedido el ingreso del gas natural y otros insumos de primera necesidad a estas poblaciones”, reseñó RCN Radio al gerente general de Surtigas, Santiago Mejía.
Uno de los representantes de los mineros, Fabio Builes, desmintió que su gremio colabore para el Clan del Golfo. Asegura que gobierno tras gobierno ese ha sido el argumento para perseguirlos, pues años atrás los han relacionado con las FARC y el ELN.
“¿A quién han capturado?”, cuestiona Builes, al señalar que aunque ellos tienen voluntad para acceder a un mecanismo de formalización, es el gobierno quien no quiere ceder.
“Hay empresas formales que están haciendo más daño que los mineros informales, y el Gobierno no nos mide con el mismo rasero. Estamos denunciando que la empresa Mineros S.A. ha causado daños que van de lado a lado del río Nechí; han acabado con más de 40 ciénagas y criaderos de peces. Han hecho un daño ambiental impresionante, pero son una empresa legal”, señala Builes.
Sobre el origen de las dragas, el representante minero asegura que estas no son el resultado de la financiación o cofinanciación de grupos delincuenciales, sino más la inversión de años y años de trabajo de mineros que empezaron con una batea.
Se espera que en los próximos días sean reanudadas las conversaciones, con las que mineros y Gobierno buscarán un punto de equilibrio que derive en la formalización de su actividad. En algo que coinciden es en que se cree un distrito minero, en donde se puedan establecer unas reglas (en parte, que deriven en la mitigación del impacto ambiental), a la vez de permitir el ejercicio de esta actividad.
El Espectador.
