El proyecto busca que se legalice la producción de hoja de coca para combatir de una forma distinta la delincuencia, la violencia y la clandestinidad. Los campesinos producirían la hoja y se la venderían directamente al Estado o a empresas privadas que la utilizarán para la producción de bebidas, harinas, productos medicinales, etc., que ayudarían financiera y económicamente a los campesinos y a sus familias.
En el aspecto psicoactivo de la coca, se buscará una regulación legal de la dosis mínima que, bajo los derechos del libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y la libertad, debería estar regulada. Dicha legalización será por medio de un médico que recetaría la dosis mínima personal a mayores de edad y a quienes estén mentalmente aptos para usarla. Iván Marulanda, co autor del proyecto, quien es Senador del Partido Alianza Verde, asegura que tan sólo el 15% de la población consumidora es adicta, por lo que es una situación que puede tratarse.
Por su lado, la senadora por el Partido Cambio Radical, Maria Fernanda Cabal, asegura que es un disfraz para legalizar el uso recreativo de la cocaína.
