Un presidente que responde ataques incorrectamente y un fiscal que está en campaña presidencial.
Por: Jonathan David Tangarife Quintero.
El “rifi rafe” entre el máximo mandatario y el Fiscal General de la Nación viene cocinándose desde hace varias semanas. Sin embargo, fue durante los últimos días que el país fue sido testigo del intercambio de declaraciones polémicas entre ambas partes. “Yo soy su jefe” por aquí, y “dictador” por allá.
La gota que rebosó el vaso fue una investigación publicada por Gonzalo Guillén a través de La Nueva Prensa. La investigación en cuestión se resume en que, según el portal, la Fiscalía General de la Nación (más específicamente el fiscal Daniel Hernández) tuvo pleno conocimiento de 200 asesinatos que estaba planeando cometer el Clan del Golfo, no hizo nada para evitarlos y, en palabras de Guillén, los ha estado encubriendo. A lo largo de tres años le fueron enviadas varias alertas al fiscal Hernández sobre el macabro plan del grupo paramilitar, pero, de igual manera, permitió que se perpetraran los asesinatos e inmediatamente comenzó a encubrir a los catorce implicados principales, quienes, según el trabajo periodístico, corresponden a un grupo de empresarios que ordenó los crímenes.
Además, un investigador (cuya identidad es protegida por La Nueva Prensa) expresó que en varias ocasiones le ha reiterado a Daniel Hernández la necesidad de ordenar la captura de los responsables de aquellos actos para así poder frenar el baño de sangre. Incluso, afirma que le ha enviado la lista con nombres completos y cédulas de los empresarios mencionados. Hernández ha hecho caso omiso a todo lo anterior.
Como si fuera poco, en la investigación del portal alternativo también aparece el nombre del “Ñeñe” Hernández (sí, el mismo de la llamada “Ñeñepolítica”), quien, al parecer, estaría implicado en esta serie de asesinatos cometidos en la Costa Norte del país.
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Y ustedes se preguntarán: ¿cómo entra Petro en todo este entramado? Pues bien, hace uno días, el Presidente de la República compartió un enlace a través de su cuenta de Twitter que dirigía a la información correspondiente al papel de Daniel Hernández en los 200 asesinatos del Clan del Golfo. El problema es que en esa entrega se incluyó la foto del hijo menor de edad del fiscal Hernández, por lo que inmediatamente Francisco Barbosa salió a vociferar que Petro era el responsable de lo que le llegara a suceder al fiscal o a su familia. Asimismo, este último lo denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el delito de violación de datos personales, y anunció que interpondrá una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el objetivo de que el presidente borre el trino en cuestión.
Por lo anterior, Petro le respondió a Barbosa: “El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena, yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”. A esto, el autoproclamado mejor fiscal de la historia, le respondió: “Esa declaración es un atentado a la independencia judicial en Colombia. Por supuesto que él no es jefe mío, él no es jefe de la Fiscalía General de la Nación. (…) Lo que acaba de hacer Gustavo Petro básicamente es decir que él no es el Presidente de la República, sino que es un dictador en Colombia”.
Es cierto que Petro es el jefe del Estado, según el Artículo 115 de la Constitución Política de Colombia: “El Presidente de la República es el Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”. Sin embargo, ser jefe del Estado no es equivalente a ser el jefe del Fiscal General de la Nación, por ejemplo, ya que, en este caso, el fiscal es escogido por una terna de la Corte Suprema de Justicia, que, dicho sea de paso, es elegida por el presidente de turno.
Es cierto que Petro se equivocó (incluso lo admitió y se comprometió a respetar la independencia judicial) y que, en su afán de defenderse, cayó en el juego de Francisco Barbosa y de la oposición en general. Pero aquí lo realmente grave es que los medios de comunicación de siempre estén dándole más relevancia a esto último que al hecho de que el Fiscal General de la Nación no esté cumpliendo con uno de sus deberes fundamentales según el Artículo 251 de la Carta Magna: “Suministrar al gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”, asunto que no ha materializado ni con la investigación que se trajo a colación en esta columna, ni con el caso de la Ñeñepolítica.
En conclusión, resulta válido pensar que todo el presunto encubrimiento criminal por parte de la Fiscalía General de la Nación responde a los intereses del gobierno de Iván Duque, todo buscando evitar relacionar directamente su presidencia con la influencia del fallecido narcotraficante, el “Ñeñe” Hernández. Antecedentes como el de archivar la investigación correspondiente al escándalo por compra de votos por parte del “Ñeñe” para la elección de Duque, solo afianzan la teoría de que Barbosa tiene jefe cuando le conviene y que únicamente sabe actuar bajo las órdenes de su excompañero de clase.
Francisco Barbosa realmente quiere ser presidente en el 2026 y errores como el que cometió Petro recientemente lo único que logran es afianzar al fiscal como la voz de la oposición. ¿Permitiremos que un inepto como Barbosa llegue al poder?
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