El presidente Gustavo Petro ha desatado en las últimas horas una polémica por sus declaraciones sobre la posibilidad de “democratizar la energía” en Colombia y dejar la generación a cargo de “comunidades energéticas”.
“Claro que el Gobierno puede contratar la constitución de esas comunidades energéticas y, fundamentalmente, permitir que existan. Tenemos un oligopolio de seis grandes generadoras de energía que, prácticamente, tienen por el cuello a través del cobro de las tarifas a la mayoría de la población colombiana”, añadió el mandatario en el departamento del Cauca.
Ante un resguardo indígena, el presidente habló de la importancia de crear comunidades para proyectos de energía, internet y medios comunitarios, entre otros, por lo que argumentó que una buena “idea” sería dejar la energía en manos de dichas comunidades.
"La democracia es ser Gobierno de la propia tierra, el propio territorio para fortalecer la cultura; en ese camino vinimos a Caldono, a mostrarle al país un esfuerzo hecho por ustedes mismos. Son las comunidades de conectividad como las llamé en el PND": Presidente @petrogustavo. pic.twitter.com/CaFFs8lVqm
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 22, 2023
Estas declaraciones han provocado voces a favor y en contra, pero de fondo un rechazo generalizado por parte de los empresarios de este sector. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, ya le salió al paso al Jefe de Estado argumentando que a partir de la expedición de la Constitución de 1991, cualquier persona jurídica, que se someta a las reglas de las leyes 142 y 143 de 1994, puede generar energía y comercializarla bajo los mecanismos regulatorios establecidos por la CREG.
Por eso hoy Colombia, dice, tiene un mercado abierto, con diversos participantes, grandes, pequeños, oficiales, públicos y mixtos, que a través de distintas tecnologías, proveen la energía que demandan los hogares, comercios e industrias.
La líder gremial dice que a partir de las leyes 142 y 143 de 1994, “cualquier persona, natural o jurídica, puede autogenerar para abastecer sus consumos propios y los de personas vinculadas, principio fundamental de las hoy denominadas comunidades energéticas”.
Ante las declaraciones del presidente, la “estructura actual del mercado eléctrico colombiano responde a la naturaleza económica de un oligopolio natural por la magnitud de las inversiones y los riesgos que estas implican”. De hecho, confirma que las empresas generadoras han invertido alrededor de $140 billones en Colombia. “Y es clave resaltar que este dinero ha sido puesto por los privados a propio riesgo, liberando recursos para que gobierno los destinara a otros sectores que necesitan subsidios e inversión estatal”.
4. la generación es la única actividad de la cadena abierta totalmente a la competencia. La estructura actual del mercado eléctrico colombiano responde a la naturaleza económica de un oligopolio natural por la magnitud de las inversiones y los riesgos que estas implican.
— Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) February 23, 2023
Esta nueva propuesta del presidente se da una semana después de que se emitiera el decreto mediante el cual el Jefe de Estado ejercerá control por un periodo de tres meses en la Comisiones de Energía y Gas y de la de Agua Potable y Saneamiento básico.
Esta semana, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, advirtió que este tipo de medidas ponen en riesgo millones de dólares en inversión, así como debilita la institucionalidad y las reglas de juego que se han planteado por más de 30 años desde que se creó la Creg.
A esto se suma que la agencia calificadora Moody’s ve con preocupación esta decisión. Adrián Garza, Vice President – Senior Credit Officer de Moody’s Investors Service, confirmó este “nuevo decreto del presidente Petro para controlar los organismos regulatorios durante un período de tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético, lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia”.
A lo que añadió: “Las iniciativas gubernamentales están destinadas a controlar las tarifas en medio de un ambiente de alta inflación. Si bien las medidas aún no se han divulgado, las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos en 2023 afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas que operan en el país”.
Forbes Colombia.
