La Contraloría ordenó abrirle un proceso al alcalde Ospina por un millonario contrato de más de $5000 millones, de los cuales $1500 millones nunca se ejecutaron.
Se trata de un contrato presuntamente irregular para 400 cámaras de seguridad y vigilancia de la ciudad.
En este, además, hubo una sospechosa e innecesaria intermediación en un convenio suscrito entre la imprenta departamental Impretics y la Unión Temporal Windetec, para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras.
Según el expediente en poder de Semana y El País, el problema surgió el 9 diciembre de 2020, cuando la administración Municipal emitió un decreto con el cual delegaba funciones en materia de contratación a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali.
El contrato, que no se cumplió en su totalidad, planteaba la importancia de realizar mejoras en la infraestructura del sistema de videovigilancia y garantizar su continua operación.
Se trataba de contar con las herramientas tecnológicas para la atención de incidentes y prevención de delitos, una clara necesidad para la ciudad. Pero no solo el alcalde Ospina delegó su responsabilidad vía decreto.
La Secretaría de Seguridad, de un plumazo, “realizó la invitación” a Impretics (Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones) para suscribir un “convenio interadministrativo”, figura que permite la contratación directa sin necesidad de concurso ni licitación, es decir, a dedo.
El objeto, según las pruebas consistía en “aunar esfuerzos técnicos y administrativos (…) en el mantenimiento a la infraestructura del sistema de seguridad electrónica, incluyendo suministro de equipos y ampliación de componentes de videovigilancia con su respectiva instalación, integración y mano de obra”.
El decreto, que justifica el cuestionado y millonario convenio, asegura que la imprenta cuenta con “la experiencia y la idoneidad” para la prestación del servicio de redes y telecomunicaciones.
La propuesta que Impretics le pasó a la Alcaldía de Cali planteaba ofrecer como contrapartida un aporte para el mantenimiento de 129 cámaras por $426 millones.
A este monto se le sumó el respaldo económico del alcalde Ospina, que puso sobre la mesa un presupuesto superior a los $5300 millones.
Pero al final no fue Impretics la encargada de ejecutarlo, pues estos terminaron contratando con una unión temporal, llamada Windetec.
El presupuesto para ese proyecto piloto era de casi $5000 millones, a lo que se le suma un costo de $300 millones por una intermediación que para la Contraloría resulta indebida.
¿Dónde está ese dinero y por qué Impretics en vez de ejecutar el contrato llama a una unión temporal como Windetec?
La respuesta es simple: Impretics, la empresa beneficiada con la adjudicación, no contaba con la capacidad para realizar la adecuación de las cámaras, al momento de diseñar el contrato, así la justificación dijera lo contrario.
Sin embargo, el objeto social de Impretics incluye actividades que van desde construcción hasta el suministro de kits para instituciones educativas. Ese abanico les permite subcontratar prácticamente lo que sea y quedarse así con un porcentaje.
La Contraloría puso la lupa sobre las irregularidades y encontró un hallazgo que supera los $1854 millones: $300 millones de la cuestionada intermediación y $1500 millones que nunca se ejecutaron.
Por esa razón fueron vinculados como posibles responsables fiscales el alcalde Jorge Iván Ospina, el Secretario de Seguridad, el Supervisor del contrato, el Gerente General de Impretics y los miembros de la Unión Temporal Windetec.
La Contraloría encontró irregularidades como pagos realizados sin justificar, pagos de actividades y elementos que debieron ser instalados en las cámaras y no se observa evidencia de la instalación, entre otros.
El Distrito puso como justificación ante la Contraloría que la razón por la que no había algunos elementos en las cámaras era porque fueron hurtadas durante las protestas del paro nacional. Sin embargo, los investigadores tampoco encontraron actas o soportes de que esos ítems, que suman $1500 millones, fueran entregados. No hay trazabilidad de los recursos.
El País.
