Se trataría del más alto aprobado para el país en los últimos 11 años. Hace parte de la ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) y la Ley de Apropiaciones. Acá le contamos.

A través de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) y la Ley de Apropiaciones, fue ratificada la cooperación entre Colombia y Estados Unidos (EE.UU.), con eso, el país norteamericano apoyaría los esfuerzos para la construcción de paz, el desarrollo incluyente, la seguridad rural y la lucha contra el cambio climático, propuesto por el presidente Petro.

“El presupuesto aprobado es una muestra del respaldo al país, al gobierno y a las políticas del presidente; además de la ratificación de la relación bilateral”, aseguró el embajador de Colombia en EE.UU., Luis Gilberto Murillo.

Con la promulgación de la NDAA para el año fiscal 2023, que otorga facultad al Departamento de Defensa de los Estados Unidos para ejecutar el presupuesto, se renueva también la autorización para continuar “mejorando las capacidades nacionales (…) contra el narcotráfico, en línea con el nuevo enfoque de la política de drogas”, de acuerdo con un comunicado de la embajada de Colombia en EE.UU.

“El Congreso de los EE.UU. aprobó el paquete de cooperación para Colombia. Será destinado a la agenda que ha planteado el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez”, aseguró Murillo.

Adicionalmente, esos recursos garantizarían el apoyo para la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana y los programas de desarrollo rural propuestos, como: titulación de tierras, proyectos productivos, seguridad rural y casas de justicia.

¿Cuál será el presupuesto?

La aprobación de la ley incluye los fondos de cooperación para Colombia, con un presupuesto aprobado que superaría los 487,3 millones de dólares; el más alto para el país en los últimos 11 años.

De acuerdo con la embajada, la ley destaca la necesidad de adelantar una estrategia holística que promueva alternativas económicas sostenibles y viables diferentes al cultivo de coca, el fortalecimiento de la interdicción de drogas, la lucha contra el lavado de activos y desmantelamiento de las redes de narcotráfico.

Igualmente, contempla 25 millones de dólares, destinados exclusivamente para programas en beneficio de comunidades afro e indígenas y, más de 70 millones de dólares adicionales para biodiversidad, Derechos Humanos, protección de líderes sociales y asistencia a programas de cultivos alternativos en contribución a los esfuerzos nacionales en materia de inclusión verdadera.