El presidente asumirá por tres meses las funciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
El presidente Gustavo Petro asumirá las funciones de las comisiones que regulan los servicios públicos en el país por un periodo de tres meses. Así se establece en el decreto 227 del 16 de febrero de 2023, mediante el cual se aclara que se acogerán las facultades de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
De acuerdo con el decreto, las disposiciones regulatorias tendrán en cuenta los siguientes lineamientos generales: “a) Sujeción a los principios, fines y valores constitucionales y legales; b) Garantía de la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones en esta materia; C) Pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria; y criterios del régimen tarifario de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
Este decreto se da luego de que el Jefe de Estado asegurara hace unas semanas que tomaría el control de las en las comisiones reguladoras de servicios públicos de cara a controlar la escalada de precios que se ha dado en sectores como la energía.
En ese momento reiteró que el Artículo 370 de la Constitución le permitía tomar el control de dicha regulación, así como vigilancia e inspección de las entidades que prestan los servicios.
Esta semana, un grupo de 15 exministros de Minas y Energía, dos exviceministros de esa cartera y 8 excomisionados de la Cerg le enviaron una carta a Petro señalando los efectos que podría tener intervenir esta comisión.
“Alterar el marco institucional podría deteriorar la confianza de todos los agentes del sector y poner en riesgo futuras inversiones necesarias para garantizar la cobertura y calidad del servicio de los colombianos”, apunta la misiva.
En el documento se detalla que la regulación en los últimos 30 años ha permitido mantener la confiabilidad, es decir, que no haya apagones en Colombia, así como mayor cobertura y calidad del servicio.
Por eso los exfuncionarios argumentan que hasta ahora la reglamentación no se había reemplazado desde la figura presidencial: “El patrimonio institucional del sector eléctrico colombiano no pertenece a un gobierno en particular. Ha sido construido durante décadas por centenares de funcionarios públicos”, puntualizaron.
Dentro de los exministros que firmaron el documento están Diego Mesa, Tomás González, Amylkar Acosta, María Fernanda Suárez, Mauricio Cárdenas, Juan Camilo Restrepo, entre otros. Los firmantes señalaron que uno de los riesgos podría estar en las inversiones, puesto que los recursos movilizados desde el sector privado se han hecho “creyendo en un marco vigente”.
