Por: Jonathan David Tangarife Quintero.
Para nadie es un secreto que en Colombia la brecha educativa siempre se ha caracterizado por ser bastante grande, sin embargo, con la llegada de la pandemia, el no acceso a la educación se ha agudizado mucho más en nuestro país, llegando hasta el punto en el que niños y jóvenes han tenido que suspender sus estudios por carencia de herramientas necesarias para acceder a una educación virtual, siendo la mayoría de estos estudiantes de colegios rurales.
Según los datos proporcionados por la docente e investigadora Angie Culma en el portal de Razón Pública, el 63% de los estudiantes colombianos no tienen acceso a internet ni poseen computador en su hogar, herramientas necesarias para estudiar a través de la virtualidad. Además, esta brecha se agrava más si nos remitimos a uno de los porcentajes dados por el Índice Sintético de Calidad Educativa, el cual afirma que, si bien el 91% de los colegios urbanos tiene acceso a internet, en las zonas rurales solo el 53% de los colegios cuenta con este servicio.
Lo anterior nos permite deducir cómo la brecha educativa que existe en Colombia se ha incrementado más durante esta época de pandemia, en la cual se ha tenido que recurrir a la tecnología para seguir educando a los niños y jóvenes a distancia, sin haber consideración alguna por parte del Gobierno Nacional a sabiendas de que más de la mitad de esta población específica no tiene acceso a internet ni computador en sus casas, y ni hablar de la población rural; territorios cuyos colegios en su mayoría no tienen acceso a internet, y por ende, es probable que gran parte de sus estudiantes tampoco lo tengan en sus respectivos hogares.
Resulta increíble que bajo nuestro gobierno actual sí haya dinero para solventar las “crisis” de los grandes magnates y de las grandes cadenas que, tanto política, como económicamente siempre han sobresalido en nuestro país, pero que no haya dinero para los(as) colombianos(as) que no tienen los recursos tecnológicos y económicos suficientes para continuar con sus estudios y que se han visto obligados a abandonarlos temporalmente, o incluso, en algunos casos, de manera permanente.
El Artículo 67 de la Constitución Política de 1991 declara que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”, por lo que resulta inconcebible que el Gobierno Nacional no haya puesto en marcha ninguna iniciativa trascendental para disminuir la brecha educativa y tecnológica, conociendo que su deber es garantizar el acceso a la educación y hacer lo necesario para evitar que los niños y jóvenes de nuestro país abandonen sus estudios.
