Ante el informe de la CIDH el Estado colombiano es notificado con 48 páginas de recomendaciones para garantizar el ejercicio constitucional de la protesta social, de igual manera los manifestantes deben respetar los derechos de terceros que se pueden ver vulnerados por la continuidad de los “Cortes de ruta”, forma técnica o eufemística de definir las barricadas.
Cabe señalar que, para algunos abogados internacionalistas el Estado no está en la obligación de dar pleno cumplimiento a los cuestionamientos que se dan en el informe. Mientras tanto, para otros juristas la mejor respuesta es, ir a la raíz del asunto y dar por terminada la membrecía de Colombia ante la Comisión, cuya sede se ubica en la capital de los Estados Unidos, país que al igual que Canadá no pertenecen a esta entidad que brinda un apoyo en veeduría a la Organización de los Estados Americanos.
Una de las menciones especiales del informe se dirige a Cali, siendo la ciudad con mayor afectación durante las jornadas de movilizaciones y paros, la alusión se da en repetidas ocasiones en la que se destaca las agresiones a grupos étnicos, miembros de la comunidad LGBTI, misiones médicas, periodistas, violencia de género y por supuesto los ataques a miembros de la fuerza pública.
El informe detallado es un relato “equilibrado” de lo acontecido en Colombia, según el profesor y columnista Rodrigo Uprimy. Es también importante mencionar otras opiniones debido a que las fuerzas políticas alineadas al Centro Democrático han dado su refutación soportada desde el desprestigio a los comisionados, definiéndolos como sesgados y obrar bajo una ruta política de izquierda, olvidando responder con precisión a los argumentos que estos han emitido después de su visita al país.
Por otra parte, la capital del Valle se ha convertido en la expresión del “ambiente tan polarizado” como bien lo señala dicho informe. En la ciudad se ha construido un monumento a la “resistencia” y se han repintado los grafitis alusivos a la protesta con pintura gris, siendo esto una muestra de la división ideológica que se vive en Cali. Las discusiones entre académicos o de café, giran en torno a la representación, construcción y verdadero simbolismo de las pinturas.
Desde un punto de vista tolerante y artístico, las paredes grises se debieron quedar grises. Quienes las pintaron no ven representación en los mensajes de indignación y por ende decidieron taparlo, pero siendo sensible a la expresión y al arte humano desde el enfoque social, tiene sentido por el mismo hecho de definir el contexto de emancipación, en total división.
De los retos importantes que deja el informe para la política interna de Colombia, es la reestructuración de la Policía y su eventual traspaso al Ministerio del Interior. Además, la regulación de la protesta social a través del acto legislativo, con el fin de establecer los límites de la manifestación, infiltración, vandalismo y terrorismo. Puntos claves con el fin de dar plena garantía a los derechos humanos.
Ante el informe la respuesta desde la Casa de Nariño ha sido un foco de irrealismo y desconexión con los hechos: “Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con criminalidad” afirmó el presidente Duque, lo cierto es que en ninguna de sus 40 recomendaciones se pide una toleración estatal a criminales, por el contrario se pide: “promover y reforzar, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores, en especial a aquellos que han sido más afectados por discriminación histórica, social y estructural en el país”.
